Buscaban mujeres «dóciles y calladas»: así actuaba la banda que explotaba a cuidadoras de mayores en Gijón

La Guardia Civil de Asturias registraba el pasado 25 de enero la oficina que en la calle Menéndez Pelayo de Gijón tenía una empresa dedicada al cuidado de mayores. Los agentes registraron además otras tres sedes en Salamanca, Valladolid y Cantabria, y dos domicilios particulares. Arrancaba así la operación 'Zimersa', una investigación contra un grupo criminal dedicado a la explotación laboral que sigue abierta y que lleva a cabo la Guardia Civil de Asturias y Salamanca con el apoyo de efectivos de Cantabria y Valladolid. Detuvieron al gerente de la empresa y cabecilla del entramado y a su pareja sentimental y los agentes investigan a otras cuatro personas, que se encargaban de las cuatro oficinas que la empresa tenía en el país.

Se trata de una red compuesta por seis personas que, bajo la apariencia de legalidad que ofrecía una empresa dedicada al cuidado de personas mayores a domicilio y servicio doméstico, explotaban a sus trabajadoras de origen extranjero, que carecían de permiso de trabajo y estancia legal en España.

A lo largo de la investigación se pudo observar como esta empresa mostraba una estrategia muy agresiva de expansión, llegando a tener sucursales en Salamanca, Valladolid, Gijón y Cantabria, teniendo previsto la apertura de nuevas sedes en otras provincias.

Su actividad consistía en la captación de mujeres y adoctrinamiento de las mismas. Estos trabajos se llevaban a cabo en localidades pequeñas, alejadas de centros urbanos de forma que las contratadas tuvieran dificultades para relacionarse con otras o personas.

Buscaban un perfil de mujeres que ellos denominaban «buenas trabajadoras» de carácter dócil y calladas, todas de origen latinoamericano, en situación irregular en España, sin permiso de trabajo y situación muy precaria en su país de origen, por lo que aceptaban condiciones laborales muy duras.

El cabecilla y gerente de la empresa para realizar esta actividad de explotación laboral contaba con la colaboración de las personas responsables de las distintas sedes (Salamanca, Asturias, Cantabria y Valladolid). A estas colaboradoras les impartía instrucciones para llevar a cabo las entrevistas, tales como que no debían aceptar mujeres que no mantenían la mirada en la entrevista o que fueran esquivas en sus respuestas.

A la hora de formalizar los contratos, la identidad de la empleada no se correspondía con la que llevaba a cabo los cometidos contratados, sino que dicha identidad pertenecía a otras trabajadoras que si se encontraban en situación regularizada. De esta forma, la trabajadora carecía de contrato efectivo, no era dada de alta en la Seguridad Social y se le imponían unas condiciones laborales que vulneraban toda normativa reguladora.

Los detenidos e investigados las aleccionaban y advertían de cómo se debían comportar en el caso de que fueran identificadas en controles policiales, les impedían ir a centros médicos y hospitalarios si no eran acompañadas por miembros de la empresa. Incluso les obligaban a identificarse ante los contratantes con otras identidades correspondientes a personas que si se encontraban de alta en la Seguridad Social.

A todos ellos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, así como pertenencia a grupo criminal.

La investigación continúa abierta, dado que se está analizando toda la documentación intervenida con motivo de los registros practicados.

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