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Miércoles, 11 de mayo 2022, 16:25
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que cuestiona que se privara al etarra Xabier Atristain de un abogado de su confianza durante las declaraciones policiales, cuando estaba en régimen de incomunicación, ha sido ya esgrimida por la última jefa de ETA, Iratxe Sorzabal, ante el Tribunal Supremo. Condenada a 24 años de prisión por la Audiencia Nacional por diversos delitos por un doble atentado perpetrado el 2 de noviembre de 1996 en Gijón contra una farmacia y contra el Palacio de Justicia.
Esta misma semana, el TEDH ha rechazado los argumentos de los servicios jurídicos españoles, por lo que el fallo que consideró vulnerado el derecho de Atristain ha pasado a ser firme. Ahora, el Supremo deberá pronunciarse sobre el recurso de revisión que presentó el etarra contra la sentencia por la que se le condenó a 17 años de prisión.
Su defensa ha recurrido esa sentencia en casación y reclama que sea absuelta poniendo precisamente sobre la mesa la sentencia de Estrasburgo del pasado 18 de enero -ratificada el pasado lunes-.
En el caso de Atristain, el TEDH consideró que no se justificó suficientemente la negativa, recurriendo a una motivación genérica. Un derecho que la defensa de Sorzabal –una de los tres encapuchados que en 2011 anunciaron el cese de la violencia por parte de ETA– considera esencial en el recurso que ha presentado ante el Supremo, y al que ya se ha opuesto la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
La exjefa de ETA ha asegurado que durante cinco días estuvo bajo régimen de incomunicación en una dependencia de la Guardia Civil, donde declaró en varias ocasiones bajo «presiones, coacciones y torturas».
En sus alegaciones al recurso de la exdirigente etarra, la AVT insiste en que sus declaraciones policiales no fueron tenidas en cuenta como prueba para condenarla (el tribunal, además, concluyó que las torturas y presiones que denunció no se habían acreditado).
La AVT ha recordado que el propio TEDH permite la limitación del derecho a un abogado de confianza en aquellos supuestos en los que sea necesario. Así, la asociación ha insistido que se ha demostrado jurídicamente que existe una «red de apoyo y asistencia letrada» a los miembros de ETA que «han actuado como portadores de consignas a los propios detenidos.
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