España paga la multa por la falta de depuración con fondos de otras obras

Imagine que tiene dinero reservado para poner un ascensor, el ayuntamiento le multa por retrasar la obra, y para hacer frente a la penalidad usa los ahorros que había apartado para solventar el problema. Algo parecido acaba de realizar el Gobierno de España para liquidar la primera multa que le cae por no tratar las aguas residuales de la zona este gijonesa y otras ocho urbes.

Por partes. El 25 de julio pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por los retrasos en la extensión de su red de sanamiento. Una directiva aprobada en 1991 otorgaba hasta finales del año 2000 para que en todo el continente se recogieran y trataran las aguas sucias en aquellas aglomeraciones con más de 15.000 habitantes. En 2011 el mismo tribunal ya había sentenciado a España, recriminando que tenía 38 enclaves sin cumplir la normativa, pero sin imponerle sanción alguna. La legislación comunitaria, hecha en parte por los propios países, es así, da avisos, apercibimientos, y un sinfín de oportunidades para enmendarse antes de acudir a la vía coercitiva.

Harta de esperar, la Comisión Europea volvió a acudir al Tribunal de Justicia de la UE que, este verano, revisó la situación y confirmó que se mantenía el incumplimiento en nueve algomeraciones de más de 15.000 habitantes, siendo Gijón Este la de mayor tamaño. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, los enclaves que vierten al mar sin el tratamiento exigido evacúan una suciedad equivalente a la que generan 433.342 habitantes; el cálculo atribuye el 37% a la zona gijonesa.

España sumaba 19 años incumpliendo la directiva comunitaria, y por eso esta vez los jueces impusieron dos tipos de multa. La primera es de 12 millones, se liquida de una sola vez y castiga el retraso acumulado. La segunda es «coercitiva», se pasa cada seis meses, y penaliza en función de las algomeraciones que sigan sin cumplir. Mantener la ilegalidad en las nueve aglomeraciones supone una factura de 10,9 millones que irá menguando conforme entren en acción las depuradoras previstas.

El 30 de noviembre la Comisión reclamó el abono de la multa de 12 millones, la única que ha pasado hasta ahora. La Dirección General de Aguas del ministerio dispone de una partida reservada para «el pago de indemnizaciones derivadas de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE», pero el fondo no llegaba. Por eso «fue preciso realizar una modificación presupuestaria», reconocen desde el departamento. Se restaron 12 millones que estaban consignados a «inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general» y se desviaron los fondos al pago de la multa. La partida de la que salió el dinero es la utilizada para hacer depuradoras y extender las redes de saneamiento por toda España, si bien en ejercicios previos el ministerio no agotó su consignación.