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MARCOS MORO
GIJÓN.
Lunes, 1 de octubre 2018, 01:46
La situación urbanística y jurídica de los terrenos de la Ería del Piles (el denominado PERI 100) está en la misma casilla de salida que hace un año cuando se supo que Astur Promotora, la empresa que llevaba doce años tratando de desarrollar allí ... un complejo comercial y de ocio, entraba en proceso de disolución ahogada por sus deudas. Todos los bienes que pertenecían a Astur Promotora -las parcelas de la Ería del Piles y bolsas de suelo repartidas por toda Asturias para construir 1.270 viviendas- quedaron en manos de un administrador concursal, el valenciano Leopoldo Ernesto López Máñez, de la entidad AEB Concursal Trustee. Éste fue el encargado de diseñar también hace un año el plan de liquidación de la promotora y de decidir, por tanto, cómo tenían que venderse esos activos inmobiliarios.
López Máñez propuso la venta directa libre de cargas de los terrenos de la Ería del Piles a la mejor oferta en seis meses tras la aprobación judicial del plan liquidatorio, cosa que a día de hoy no se ha producido porque su contenido fue recurrido en apelación en lo tribunales por el Sareb ('el banco malo'). El administrador concursal está pendiente de una resolución de la Audiencia Provincial de Burgos, que se reunirá para fallar sobre este asunto el 4 de diciembre. El auto judicial, que se espera favorable, llegará a mediados de ese mes. A partir de ese momento, en cuanto la propuesta de enajenación de bienes de Astur Promotora adquiera firmeza jurídica, es cuando el jurista valenciano asegura que podría iniciarse la venta de activos.
Urbanísticamente tampoco le ha ido mejor en el último año a los terrenos de la Ería del Piles. No habido ni un solo avance en este apartado desde que salió publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el acuerdo plenario de aprobación definitiva del PERI 100.
El plan de liquidación de Astur Promotora, presentado por el administrado concursal en el juzgado de lo Mercantil de Burgos en octubre del pasado año, concede un derecho preferente para la compra de esos 38.370 metros cuadrados de suelo en la confluencia de la carretera del Infanzón con la de La Providencia y la de José García Bernardo. El derecho preferente es a favor de la promotora vasca Maceribe, que fue la que aportó el aval de 93.000 euros (el equivalente al 6% de los costes de ejecución material de la urbanización del ámbito) necesario para que la recalificación de las fincas de la Ería para usos terciarios, aprobada por el Pleno municipal gijonés el 1 de agosto de 2017, se hiciera efectiva.
A cambio de haber prestado ese dinero, que evitó que los terrenos pasaran a ser rústicos sin apenas valor, la firma vasca logró la posibilidad de adquirir las parcelas enajenadas igualando el precio que por las mismas presente el mejor postor. Y en el caso de que finalmente no pudiera comprar las parcelas también se le reconoce un derecho a recibir una contraprestación de 150.000 euros por haber colaborado con el administrador concursal para que el plan especial no quedase invalidado. Sin embargo, esta promotora, a la vista de que el plan de liquidación no acababa de aprobarse, decidió congelar sus gastos en tramitación urbanística. Y eso que aún quedan pendientes trámites importantes como son los proyectos de actuación, compensación, urbanización y construcción, de los que se encargará el arquitecto local Antonio Fernández Morán. Esta circunstancia, el freno en seco de la tramitación urbanística, ha impedido avanzar en la reparcelación de los terrenos para que éstos obtengan un mayor valor de mercado. En este punto hay que recordar que una tasación encargada por el gestor concursal valoró las 11 fincas de la Ería en 3,1 millones de euros. Un precio que, a la vista de las expectativas de desarrollo que siempre generó esa parte hoy tan degradada de la fachada marítima, es casi irrisorio y al alcance de cualquier empresa solvente.
Del mismo modo que fue recurrido el plan de liquidación en los tribunales también ha habido impugnación de la calificación urbanística conseguida por las fincas adquiridas en su momento por Astur Promotora. En este caso los recurrentes han sido algunos de los propietarios que residen en las inmediaciones y que tienen como portavoz a Julio Quirós. Los mismos vecinos que plantearon batalla judicial durante años para que los empresarios no desarrollaran junto a sus chalés, o a costa de ellos, su proyecto de complejo comercial y de ocio. Y quienes antes de eso se rebelaron contra el intento de construir allí un centro de talasoterapia.
El administrador concursal asegura que en este año que ha transcurrido desde que redactó su plan de liquidación no ha tenido más ofertas que la que le hizo llegar el Ayuntamiento de Gijón. El equipo de gobierno de Foro ofreció a López Máñez cinco millones de euros para desarrollar un equipamiento de uso público con régimen concesional por si fallaba la iniciativa privada.
Otra de las pocas novedades que se han producido este último año, en relación con el concurso de Astur Promotora, es que el administrador ha solicitado que el concurso sea declarado fortuito frente a un acreedor, representado por el abogado gijonés Ignacio Blanco Urízar, que reclamaba la declaración de concurso de acreedores culpable y 40 millones.
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