Las entidades sociales advierten del repunte de las infraviviendas

Según el I Recuento de personas sin hogar en Gijón, realizado la noche del 25 de noviembre de 2019, en el concejo hay al menos 439 personas sin hogar. 142 se encuentran en la calle. Y de ellas, 64, casi la mitad, son 'chupanos'. Pero estos datos podrían mostrar solo «la punta del iceberg». Los que viven en estos lugares son menos visibles porque «hacen poco uso de recursos como los comedores sociales y los centros de día», afirma Irma Benito, de la entidad social Mar de Niebla. «En Gijón hay un repunte importante de personas que pernoctan en coches, trasteros y bajos comerciales. Son casos fruto de la crisis. La mayoría son de hombres que perdieron su trabajo, agotaron la prestación por desempleo y acabaron con el salario social, que son 448 euros con los que no pueden pagar un alquiler y vivir», subraya.

De las 219 personas sin hogar que Mar de Niebla atendió en 2019, solo tres han conseguido acceder a una vivienda arrendada. «Se les gestionó una ayuda al alquiler, pero ¿cómo llegas a fin de mes después de pagar tu parte de la renta y el mantenimiento de la casa?», plantea. Esto, además, «está haciendo que proliferen las habitaciones de alquiler, en las que personas en situaciones muy complejas y precarias comparten vivienda. Como hay muchos conflictos, itineran de una habitación a otra, pagando entre 220 y 250 euros», explica Benito. La mejor opción es «alquilar un piso con la ayuda del Ayuntamiento». Pero el problema está en encontrar piso, «porque al ser personas inembargables, nadie les quiere alquilar».

Por otro lado, la demanda de viviendas de emergencia social sobrepasa la oferta disponible e impide el acceso al recurso «a personas que cumplen todos los requisitos». En el último año, el Ayuntamiento de Gijón recibió 265 solicitudes de vivienda de emergencia. Solo se adjudicaron 58: 41 del Principado y 17 municipales. Los colectivos prioritarios para acceder a estas viviendas son familias con hijos de hasta 25 años o discapacitados, víctimas de violencia de género, familias en riesgo de exclusión social, personas sin hogar y deudores hipotecarios sin recursos.