Enagás rechaza que activar la regasificadora sea un «riesgo significativo» para los vecinos

El futuro de la regasificadora pasa por el Ministerio de Transición Ecológica. En agosto, el presidente de la Autoridad Portuaria, Laureano Lourido, dijo que la instalación era «vital para compensar la caída del carbón» y que el trámite ambiental para legalizarla «debería terminar en septiembre» para que la propietaria, Enagás, dedique 2020 al concurso la explotación. Un mes después el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, avalaba el calendario y expresaba que «ahora le toca mover ficha» a Transición Ecológica.

Ese examen ambiental sufrió un contratiempo. Enagás presentó en agosto de 2018 la petición para obtener la autorización pero el 3 de abril la Subdirección General de Evaluación Ambiental del ministerio constató que faltaba un documento. En concreto, un análisis de vulnerabilidad y riesgos tanto de la ubicación en la que se construyeron los tanques, como de la propia instalación en caso de accidente. En 43 días la gasística logró que una consultora, Taxus, elaborase las 69 páginas de dicho informe.

El documento que ya analiza Transición Ecológica chequea la geología del lugar, las probabilidades de sufrir inundaciones, temporales, el radio que alcanzaría un eventual incendio y averías en cadena. «Las consecuencias de riesgo analizadas afectarían únicamente a la actividad, las instalaciones o el personal directamente implicado en cada actividad analizada; por lo que no se detectan consecuencias para el entorno de las instalaciones (medio ambiente o población circundante)», concluye el trabajo.

Las inundaciones históricas ocurridas en el concejo descartan avenidas en las proximidades, salvo del río Aboño, pero por la cara oeste del cabo Torres. Los taludes verticales del cabo son «zonas de alto riesgo de desprendimiento de masas rocosas» dada su fracturación y «el carácter frágil de las rocas duras, como es el caso de las cuarcitas». Actualmente los técnicos observan «puntos cuyos materiales muestran un elevado grado de tectonización, en los que es muy probable que se produzcan nuevos desprendimientos con desigual volumen, que pueden causar daños», reconocen. «Es el caso del cantil que se presenta por encima de El Muselín, con cabecera próxima a la entrada de las instalaciones de Repsol», concretan. El emplazamiento está, sin embargo, «suficientemente alejado del terminal de regasificación», matizan.

El riesgo de sufrir un terremoto importante es «muy bajo», como lo demuestra el último terremoto registrado, este último mes de abril, a más de dos kilómetros al este del puerto. Tuvo una magnitud de 2,5 grados en la escala de Richter y apenas fue percibido, en parte porque su origen se situó a una profundidad de diez kilómetros.

De los estudios ambientales ya hechos, Taxus identificó los principales accidentes que podría sufrir la instalación, entre roturas de tuberías, mangueras y colectores. Sobre cada hipótesis, midió el radio que alcanzarían las nubes inflamables y radiaciones térmicas para calcular el perímetro de intervención (zona con daños directos) y el de alerta (espacio con efectos perceptibles para la población). Los accidentes posibles son «dispersiones inflamables, incendios y dardos de fuego» y las zonas afectadas «se encuentran prácticamente en todos los casos dentro del perímetro de las propias instalaciones, por lo que no se esperan efectos significativos sobre su entorno», escriben.

En caso de producirse un «efecto dominó» los incendios alcanzarían «el buque, rack de tuberías y equipos de proceso», por lo que, tampoco alcanzarían los efectos a las zonas colindantes. Solo en algunas de las hipótesis de «accidentes graves» se sobrepasaría ese perímetro «en escasos metros», por lo que el consultor mantiene su conclusión.