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IVÁN VILLAR
GIJÓN.
Viernes, 30 de noviembre 2018, 03:25
El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, reconoció ayer haberse reunido en su despacho del Ayuntamiento con Ángel Luis García 'El Patatero', uno de los principales implicados en el 'caso Enredadera'. El objetivo de ese encuentro, concertado tras insistentes llamadas del empresario a su secretaria y al que este acudió acompañado por más personas, era presentarle al edil unas tabletas digitales por si pudieran ser de interés para la Policía Local. La relación no fue más allá y el producto fue descartado porque no se ajustaba a los parámetros de 'hardware' y 'software' del servicio.
Aparicio informó de este encuentro durante la última sesión de comparecencias de la comisión creada para investigar la posible relación de Gijón con una trama a la que se le atribuye la consecución de contratos en varios ayuntamientos de manera irregular. Ante la sorpresa que mostraron los grupos de la oposición al no haber conocido hasta ahora la existencia de esa reunión, el concejal aseguró que él mismo no la recordaba y solo lo hizo después de haber revisado su agenda. No obstante, le restó importancia dado que no fue más allá de la presentación de ese producto, que nunca llegó a ser objeto de contrato alguno.
Insistió además en que «nadie del equipo de gobierno ni del partido» le sugirió en ningún momento recibir a ese empresario, y en que el contacto que dio origen a la reunión no fue directo ni a su propio teléfono móvil, sino a través de llamadas a su secretaria. «Nos preocupa la disparidad entre los concejales del equipo de gobierno a la hora de recibir o no a personas que vienen a ofertar estas cosas y por qué unos son más accesibles que otros», apuntó tras la comisión el concejal socialista César González, quien se preguntaba además «¿qué habría pasado si ese producto sí se hubiera ajustado a los criterios de la Policía Local?». El portavoz de IU, Aurelio Martín, señaló que con esta última sesión se ha demostrado «que hubo contactos de la trama con miembros del equipo de gobierno y altos cargos, pero nos es difícil saber en términos reales de qué se habló».
Durante la comparecencia de Aparicio, los grupos preguntaron por el motivo de haber renunciado a la adquisición de PDAs para los agentes en el marco del proyecto de modernización Gijón IN -un contrato por el que se interesaron los empresarios de 'Enredadera'-, pese a que ya se había aprobado en el Pleno una modificación presupuestaria para esa compra. El edil lo atribuyó a una decisión de la Intervención municipal y negó cualquier relación entre ese producto y las tablets de 'El Patatero'.
También compareció en la comisión la concejala de Hacienda, Ana Braña. En su caso las preguntas de los grupos se centraron en intentar dilucidar «quién facilitó a los empresarios el teléfono móvil del director económico-financiero del Ayuntamiento». Pero, según Mario Suárez, de Xixón Sí Puede, «no se nos despejó ninguna duda, y tampoco sobre el papel de Álvarez-Cascos en todo esto». La edil planteó la posibilidad de que esas llamadas hubieran sido a su teléfono de trabajo y que hubiera sido facilitado por su secretaria.
La tercera edil que se tuvo que someter a escrutinio fue la responsable de Servicios Sociales, Eva Illán, que respondió principalmente a cuestiones relacionadas con el contrato de ayuda a domicilio adjudicado este año a Aralia, propiedad de José Luis Ulibarri, que es otro de los principales implicados en la trama. Xixón Sí Puede insistió en pedir explicaciones por la información errónea que se dio sobre el coste del servicio, que llevó a una empresa que optaba al concurso a retirar su oferta cuando se conocieron costes adicionales que no constaban en los pliegos originales. La edil lo atribuyó a que las anteriores prestatarias no habían facilitado las bases de datos correspondientes. «Debe haber más mecanismos para que la información fluya y los pliegos se ajusten a la realidad», advirtió el PSOE.
César González remarcó las contradicciones entre Illán y Carmen Moriyón sobre cuándo conocieron que Aralia estaba relacionada con la trama de 'Enredadera'. «La concejala dice que se lo comunicó a la alcaldesa en cuanto salió en los medios, pero Moriyón asegura que no lo supo hasta que vio a las trabajadoras en el Pleno con enredaderas en la cabeza. Ni siquiera entre ellos se hablan».
La propia alcaldesa fue la encargada de cerrar la ronda de comparecencias. «Nos hemos ratificado en lo dicho hasta ahora, que en Gijón no hay nada ilegal. Hace meses que enviamos al juzgado los contratos con empresas que pueden estar implicadas, y no tenemos noticias suyas», apuntó a la salida de la comisión, celebrada como las anteriores a puerta cerrada. Durante su intervención consideró necesario unificar criterios entre los diferentes servicios municipales, para que todo el personal tenga las mismas instrucciones sobre la atención a empresas interesadas en obtener información.
El portavoz del PP, Pablo González, remarcó las «contradicciones» en las comparecencias «pese a que los concejales pudieron escuchar a toda las personas que pasaron previamente por la comisión» y consideró estas sesiones «una pantomima». José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, apuntó a la «falta de transparencia y coordinación» dentro del Ayuntamiento e insistió en la necesidad de crear un registro de 'lobbies' que regule las reuniones con altos cargos municipales.
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