El Pleno no respalda el plan económico y financiero que debe aplicar Gijón

Ana Braña defendió que el plan «no es de recortes», sino que impone una limitación al crecimiento del gasto «similar a la que tendríamos que haber hecho si hubiéramos cumplido la regla de gasto. La ley nos permite crecer un 2,4% en 2018 y lo único que nos diferencia de otros municipios es que tenemos que plasmar por escrito cómo lo vamos a hacer». Una visión muy diferente dio el portavoz socialista, José María Pérez, quien aseguró que las restricciones en materia de personal que ya se están llevando a cabo en línea con lo contemplado en el plan económico y financiero afectan a la limpieza viaria, «porque no se han contratado las bolsas de Emulsa como en los años anteriores», o a la seguridad ciudadana y el tráfico, «porque tampoco se contratarán auxiliares de policía, por decisión política». Añadió los despidos que se han producido de personas que habían sido contratadas por acumulación de tareas en áreas «que carecían de personal» y que ahora «están en el paro».

Nuria Rodríguez, de Xixón Sí Puede, arremetió contra la Ley de Estabilidad de la que se deriva la obligación de hacer un plan económico y financiero y que calificó de «barrabasada». Instó al PSOE, ahora en el Gobierno, a «modificarla de una vez, ya están tardando», y lamentó que «este Ayuntamiento está saneado y tiene dinero, pero no lo puede utilizar porque hay una norma que dice que no se puede gastar». Pablo González, del PP, consideró «especialmente grave que quienes decían que no eran políticos, sino gestores, y que venían a gestionar bien lo que hacían masl los demás nos haga enfrentarnos ahora a esta situación porque no han sabido cumplir la regla de gasto». Vaticinó que «al final el recorte que lo harán los gijoneses en mayo del año que viene».

El portavoz de IU, Aurelio Martín, reprochó que se apuntara a la renta social municipal como clave del incumplimiento de la ley de estabilidad en 2017 y recordó que cuando preguntaron al gobierno si el programa era sostenible en el tiempo, «dijeron categóricamente que sí. Cuando ustedes comprometieron esa medida, ya sabían que se iba a superar el techo de gasto. Y si no lo sabían, ¿qué director económico-financierto tienen?».

José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, argumentó su abstención en el hecho de que el plan es «una exigencia legal» como consecuencia del incumplimiento de la regla de gasto en 2017. «Estaríamos más cómodos votando no, pero debemos ser responsables», apuntó.