«Es muy difícil hacer fraude al tramitar la renta mínima», alegan sus defensores

22.530 familias asturianas son beneficiarias del salario social básico que el Principado ofrece a los ciudadanos con menos recursos. Una medida que, desde muchas administraciones, se está utilizando como herramienta para erradicar la brecha social producida por la crisis. Para fomentar su implantación en los países europeos, ayer Gijón fue sede de un debate promovido por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, que reunió a numerosos activistas y líderes políticos para analizar los pros y contras de estas políticas sociales.

«Es necesario que todo el mundo entienda que todas las personas necesitamos dignidad y para ello son necesarios unos ingresos. Y en el momento en el que no te los da el mercado de trabajo tienen que ofrecerse a través de unas prestaciones de fácil de acceso», explica Graciela Malgesini, coordinadora en España de la Red Europea de Rentas Mínimas. El organismo hizo escala ayer en Gijón, en la primera de sus tres paradas españolas, con un autobús que recorrerá 32 países en 64 días para hacer campaña y recoger firmas a favor de la causa.

Más allá del autobús, la misión de la red en Gijón fue la de «informar y concienciar» sobre las virtudes de una renta social mínima que, según sus impulsores, tiene que luchar contra muchos «mitos» allá donde quiere ser implantada. «El más importante es el miedo a que estas prestaciones se conviertan en una vía de fraude. Esto se ha estado citando sin ningún tipo de fundamento desde muchos sectores. Para acceder a los recursos se tiene que aportar la necesidad, los documentos probatorios, informes sociales... y es muy difícil hacer un fraude. La única comunidad que ha hecho un estudio en este sentido es el País Vasco y ha detectado un 0,4% de fraude el año pasado», defiende.

Enmarcada en esta jornada, asimismo, se dio cita en el Antiguo Instituto una mesa redonda que contó con la representación de los principales partidos políticos. Aunque en ella se vio la predisposición de todas las fuerzas para implantar una renta mínima, las discrepancias sobre cómo hacerlo fueron notables. «El sistema con el que contamos ahora es muy poco eficaz. Hay lío entre administraciones, no hay un marco competencial claro y las tasas de coberturas son muy bajas», lamentó Rubén Pérez, de Ciudadanos.

Por parte del Partido Popular, el diputado autonómico Matías Rodríguez reconoció que esta renta mínima irá ligada a la «mejora de la economía» y, ante todo, a una equidad entre comunidades autónomas. «Planteamos una limitación en el tiempo de tres años y como una medida enfocada a que nadie se quede atrás», añadió.

Por parte del PSOE, María Luisa Carcedo defendió la implantación de las rentas mínimas como una «cuestión de estado». A su juicio, que cada comunidad autónoma gestione sus propias ayudas genera desigualdades entre las diferentes regiones, por lo que es necesaria una coordinación y una tutela por parte del estado central. «Seguimos viviendo en una sociedad que concentra las desigualdades en los perfiles más bajos de renta. Y eso es algo a evitar», concluyó.

Marta Pulgar, que intervino en la mesa redonda en representación de Izquierda Unida, abogó por proteger a los colectivos sociales «más vulnerables», como los mayores de 55 años y los parados de larga duración. Es necesario, a su juicio, garantizar que las ayudas que se dispensen a los colectivos con menos recursos sean de carácter «estatal, ilimitadas en el tiempo y consideradas como derecho subjetivo».

En nombre de Podemos intervino la diputada autonómica Rosa Espiño, quien aludió al carácter «transversal» de la ayuda económica. «Mucha gente dice que no es sostenible pero lo que no es sostenible es la evasión fiscal de las grandes fortunas y la corrupción», sostuvo. La renta, continuó, tiene que dejar de estigmatizar a sus benefactores agilizando la tramitación y dejando atrás «las ventanillas y salas de espera 'de pobres'». Un proceso, asimismo, que debe contar con la implicación de todas las administraciones.