Desalojan el edificio de la calle Aguado en Gijón okupado desde 2022

La Policía recaba pruebas y recoge muestras del interior del edificio que traten de esclarecer otras investigaciones abiertas.

El pasado miércoles ya se dio el aviso de que los okupas debían abandonar el edificio antes del mediodía del viernes, aunque el desalojo se pospuso a este lunes. Desde la mañana de ese día 31 en ese punto concreto del barrio de La Arena se vio un auténtico trajín de cajas, maletas, bolsas con cosas… Abd Alkadr, uno de los okupas del número 19 saió por la puerta del edificio con sus pertenencias; lleva cuadros, alfombras y hasta una desbrozadora que acaba metiendo en la furgoneta de un amigo. Será con él con quien pase los próximos días «en busca de un nuevo hogar, aunque no se dónde».

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El número 19 de la calle Aguado es un edificio de 10 viviendas, todas ellas okupadas desde 2022. La suciedad y la basura se amontona en cada rincón. El abandono es absoluto y el hedor, nauseabundo. El paso del tiempo y la okupación han hecho de este edificio un foco de insalubridad y un punto negro del barrio gijonés. La casa de Abd Alkadr, situada en el piso más alto, está llena de chatarra que ha ido «recolectando en los últimos meses para vender». Junto con él vive su pareja. Ambos se fueron antes de que la policía judicial llegara al edificio.

A los locales de la zona, la situación les afecta «bastante». El dueño de un establecimiento hostelero de esa misma calle, que prefiere no dar su nombre, explica que en una ocasión «se quisieron enganchar encima de la luz una noche y han atascado el desagüe. Son problemas tras problemas», se queja. En los dos años que el inmueble lleva okupado han visto «un gran trasiego de gente. Van cambiando». Esta situación «afecta mucho a la imagen del negocio porque al ver a la Policía los clientes piensan que es por nuestro restaurante». La lavandería situada frente al bloque también ha padecido las consecuencias de la okupación. Han tenido que anular los enchufes que tenían en su local porque los inquilinos «venían a cargar móviles, patinetes eléctricos y generadores».

El desalojo no pudo realizarse el pasado viernes debido a que «la Policía Nacional quiere hacer un registro de las viviendas y ahora mismo no puede hacerlo», señaló la abogada del dueño del inmueble, Susana Pérez.

El dueño del inmueble, afincado en Madrid, se desplazó hasta la ciudad para ver las instalaciones, con la vista puesta en que fueran desalojadas y poner así un punto a este complicado capítulo. «Tenemos miedo de que vuelvan a okuparlo. No creo que sea tan fácil como poner una puerta», afirmó a EL COMERCIO. Sobre qué pasará con el edificio explicó que «habrá que ver las posibilidades. Lo primero es solucionar este tema».