Paralizados 25 de los 34 desahucios previstos en el poblado minero de La Camocha

Tal y como adelantó EL COMERCIO, el pasado mes de febrero, los responsables designados por el juez para hacerse cargo de la quebrada mina, tomaban la decisión de congelar el número de cuenta en el que los vecinos debían realizar los pagos. Lo hacían, según los propios inquilinos, para acelerar un proceso de desahucio que se iniciaba en marzo y el cual ponía en riesgo de desalojo inmediato a 34 familias compuestas por mineros jubilados o descendientes de estos. Fuentes de la propia administración concursal han reconocido a este periódico que la presión social ejercida por el movimiento vecinal del barrio y el debate político generado a partir de esta controvertida decisión han resultado claves a la hora de decantarse por habilitar el pago presencial con carácter inmediato.

De esta manera, hasta quince familias del poblado acudieron ayer a la oficina de la extinta mina para efectuar el pago de las rentas de 2018 (las cuales les habían sido devueltas) y la de 2019. El resto lo harán en los próximos días. La transacción se llevó a cabo con normalidad excepto en el caso de nueve familias, a las cuales la administración concursal continúa bloqueando el pago de sus rentas. Se trata de los nueve inquilinos que no han conseguido acreditar su derecho legal de ocupación y que, por tanto, continúan en riesgo de desahucio.

Representantes vecinales defienden que entre estos nueve vecinos se encuentran extrabajadores de la mina con contrato de arrendamiento en vigor y confían en que sea un fallo burocrático el que los ha hecho verse incluidos en el grupo de inquilinos sin derecho a estas viviendas.

«Consideramos que habrá que continuar peleando por unas cuatro o cinco familias. El resto de casos podrían quedar solventados esta semana», confirmaron ayer a este periódico los líderes de la mediación vecinal, quienes se mostraron muy satisfechos con este nuevo giro de los acontecimientos.

«Es una victoria en toda regla, pero todavía quedan cosas por las que seguir la lucha. Cuando comenzó este proceso dijimos a los vecinos que ninguno sería forzado a abandonar sus casas de toda la vida, y vamos a seguir peleando por ello», aludieron.