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MARÍA CIDÓN KIERNAN
GIJÓN.
Domingo, 13 de septiembre 2020, 01:01
El último trimestre del año pinta complejo para las entidades sociales. Aunque están acostumbradas a convivir con la incertidumbre, ahora tienen que hacer malabares para cumplir con las medidas sanitarias y atender la demanda creciente de servicios sociales. Más allá de las previsiones de una ... oleada de contagios, las organizaciones del tercer sector ya han pasado un año difícil, en el que han tenido que atender al triple de población, con muchas restricciones sanitarias y sin fondos suficientes para atender la emergencia social. La crisis económica generada por la pandemia del coronavirus no deja de crecer. Cada vez son más quienes acuden a pedir ayuda a las entidades sociales. Y, además, también aumenta la cantidad de solicitantes de apoyo que hasta ahora no lo habían precisado. Personas con empleos precarios o afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo a quienes ya no les da para llegar a final de mes.
El Principado y el Ayuntamiento de Gijón anunciaron el viernes que ambas administraciones trabajarán de manera coordinada para atender la demanda social de manera coordinada. Uno de los principales retos es acoger a las personas sin techo, como se hizo en el pabellón de La Tejerona durante el confinamiento, una de las posibilidades para este invierno.
En el Albergue Covadonga esperan que la respuesta institucional se haga de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo ya que la capacidad del centro no permite acoger a más personas. El aforo se mantendrá reducido al 60% para atender a los usuarios, entre los que se incluyen grupos familiares, de forma segura. «No vamos a poder aumentar las plazas, el Ayuntamiento tiene que ver otras posibilidades», dice Cristina Abella, responsable del Albergue Covadonga, quien indica que el centro es «la puerta de entrada» a muchas ayudas para las personas que buscan reinsertarse en la sociedad.
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Sin embargo, esas ayudas serán menos por los recortes a las subvenciones por parte del Principado. Esta situación no supone un mazazo económico para el albergue porque solo depende de un pequeño porcentaje para su funcionamiento. Eso sí, moralmente está tenido su impacto. «Lo que más nos duele de los recortes es por todo lo que nos implicamos durante el confinamiento», reconoce Abella, quien secunda la campaña contra los recortes. Mientras esperan la respuesta institucional para saber dónde serán acogidas las personas que antes llegaban al albergue durante el invierno, Abella reconoce el aporte municipal con «financiación extra por las medidas higiénicas que tuvimos que aplicar» y también de las entidad privadas. Sin embargo, prevé que el cierre del año no se logre «muy holgadamente», dijo.
En Cáritas, el panorama se ha complicado para finales de año porque «llevamos desde el confinamiento con más del triple de trabajo», dice Yolanda Miranda, coordinadora de la entidad en Gijón. Además, señala una «agravante», que la flexibilidad que se concedió en esa época para las personas migrantes sin residencia y los solicitantes de asilo, ahora ya no está disponible y «quedan fuera de cualquier protección, con lo cual todo lo que el Principado y servicios sociales rechaza, termina acogiéndolo Cáritas», dijo Miranda.
Esta organización ha atendido a más de 2.000 personas desde marzo por empleos precarios, personas que «iban llegando a fin de mes, pero al tener un salario tan bajo y ahora con un ERTE, ya no llegan», explica Miranda. Otro de los acompañamientos que hace esta organización es el alquiler de habitaciones que no bajan de 250 euros. «Los precios están disparados desde marzo, ni siquiera alguien cobrando el salario social logra pagarlo», sostiene la responsable de Cáritas.
Con más gastos para atender a las personas que solicitan apoyo este año, Cáritas está pendiente de una ayuda económica prometida por la Fundación Municipal de Servicios Sociales en reconocimiento a su labor estos meses.
En Proyecto Hombre, Julio Jonte, director de la entidad, explica que los costes han aumentado un 20% para adaptarse a las medidas sanitarias y el nuevo contexto social. Además, temen perder más recursos de la administración en 2021. «Las autoridades tendrán que priorizar, pero al tercer sector tienden a vernos como un gasto y no como un beneficio por el aporte a la sociedad».
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