«El sistema judicial no sirve para adoptar soluciones rápidas ante casos como estos»

-Habría que ver el caso concreto. Mecanismos en el sistema hay, pero actualmente está un poco encaminado a que el malo siempre es el padre, cuando a estos efectos son iguales tanto la madre como el padre. Y, de hecho, las estadísticas dicen que hay más infanticidios cometidos por ellas. Pero no hay mecanismo que permita adivinar el futuro ni que un caso puede acabar de forma tan drástica.

-¿Qué se puede hacer?

-Faltan soluciones alternativas al juicio, que siempre es tardío. No tenemos herramientas adecuadas como equipos psicosociales, no hay medios para la mediación familiar, no hay mucho diálogo. El sistema, tal como está, no sirve para adoptar soluciones rápidas, y el tiempo va en contra de las crisis, sobre todo cuando hay esa mala relación en la pareja que cuando es grave puede acabar así.

-Dice que no hay medios...

-En Asturias no se quiere tener una sección especializada en Familia, que agilizaría el tema y unificaría criterios. Habría que hacer que todos los procesos de familia fuesen conocidos por órganos especializados. Los puntos de encuentro en Gijón funcionaban muy bien, pero se han ido limitando y restringiendo y ahora me consta que hay listas de espera. Son importantes porque son profesionales que dan una información objetiva al juez. Hay que poner más medios personales y materiales. También son grandes olvidados los trabajadores sociales, falta conexión entre servicios sociales, sanitarios y colegios. Hay que hacer prevención. Algunos ayuntamientos tienen lo que se llama la mesa de familia, donde se reúnen profesores, pediatras, jueces, policías... para tratar casos de niños con problemas y buscar soluciones a efectos de prevenir estas desgracias.

-La madre de Olivia había presentado hasta 28 denuncias contra el padre que fueron desestimadas.

-La denuncia se utiliza mucho ahora cuando ya no hay solución, también denunciar abuso sexual, porque es una denuncia muy difícil de probar y que genera muchos problemas. La mayoría de los jueces hemos tenido casos de expedientes abiertos cuando los niños tienen tres o cuatro años y que permanecen abiertos casi hasta los 18. Esos padres, al final, tiran la toalla, y el perjudicado es el niño. Recuerdo incluso un caso en el que el perito de la madre llegó a informar en contra de ella. Le dieron la custodia a él, y la mantuvo mientras pudo, pero le hicieron la vida imposible. El problema es que más que de mujeres u hombres hay que hablar de personas, y pueden ser malos tanto unos como otros. Se habla de proteger a los niños, pero se les protege bastante poco.

-¿Como cuando uno de los progenitores lo traslada de ciudad sin consentimiento del otro?

-Para escolarizar a un niño se necesita la firma y consentimiento de ambos progenitores, pero vemos casos en los que se admite la escolarización solo con una firma o en los que el progenitor falsifica la firma del otro y no pasa nada. También casos en los que se traslada a un niño de residencia unilateralmente y pasan meses antes de que se resuelva. Cuando uno de los progenitores denuncie, el juzgado tendría que resolver en 48 horas. Y se puede hacer, nosotros lo hemos hecho: el niño tiene que volver a su lugar de origen, oír a ambas partes y el juez resolver, pero pronto, porque hay cuestiones que son urgentes. Lo que no puede ser es que se tarde un año en resolver medidas provisionales que tendrían que llevar un mes como máximo.

-¿Se puede hacer?

-Siempre que me decían que un niño había sido trasladado a otra localidad, hacía un requerimiento al abogado contrario y le daba 24 horas para que regresara. Si no, se autoriza al padre para que, con auxilio de la Policía si es necesario, coja al niño y lo traiga, y una vez aquí, se resuelva. No se puede permitir que un progenitor decida unilateralmente.

-En esos casos, ¿a veces se premia con la custodia al infractor?

-Recuerdo un caso curioso en el que el niño vivía en Santiago, la madre se lo llevó a Sevilla y como el juez tardó en resolver, el Supremo acabó determinando que resolviera el juzgado de Sevilla. Esa lentitud de la justicia favorece al infractor.

-¿Es más habitual que la custodia se dé a las madres?

-En España se va abriendo camino la custodia compartida, pero esto no es cuestión de si es mejor esa o la monoparental. Cada caso exige soluciones especiales, pero el Tribunal Supremo ha dicho que la norma tiene que ser que si no hay problemas, el niño tiene que convivir con las dos padres. Otra cosa es que el tiempo que se comparta, aunque sea menor, se deba llamar siempre custodia.

-¿Por qué?

-Porque si no parece que siempre hay un vencedor y un vencido, y no es cuestión de eso, sino de que el niño sufra lo menos posible como consecuencia del cese de la convivencia.

-¿Los niños tienen voz?

-Yo, en las entrevistas con los niños y los padres, siempre les hago una pregunta que nadie me ha contestado en sentido afirmativo: «Una vez iniciado el proceso, ¿os habéis sentado a solas para hablar con vuestros hijos este problema?». Y nadie me ha dicho que sí. Les ofrezco la sala o el despacho, y en la mitad de los casos que aceptan esa solución, el niño demuestra madurez, les convence y llegan a acuerdos. Se demuestra una y otra vez que falta diálogo, se convierte en un pleito entre abogados, juez, peritos, pero las partes intervienen muy poco en la solución.

-En este caso, ¿se puede hablar de violencia vicaria?

-Queremos ponerle etiqueta a todo, no buscamos pacificar las soluciones sino enfrentar a las partes. Esto es un homicidio o un asesinato, dependiendo de las circunstancias. Pero parece que se han creado dos bloques, hombres y mujeres, que tenemos que llevarnos mal. Somos personas, con derechos y obligaciones. Y los juzgados tenemos herramientas para hacer cumplir estas últimas, aunque a veces da la sensación de que cuando queremos hacerlo se nos pone bajo el microscopio. Hay mucha presión dependiendo de si el hecho lo hace el padre o la madre, y ahí vamos mal: yo estudié que todos somos iguales ante la ley.