La contaminación, ante el fiscal

El movimiento vecinal está cada vez más sensibilizado con el problema que supone para la población la alta contaminación que afecta, especialmente, a la zona Oeste de Gijón y al concejo de Carreño. En esta ocasión es la Asociación de Vecinos San Lorenzo, del Alto Aboño, la que ha elaborado un informe sobre esta situación, que ha remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente de Asturias. Además de la polución originada en las industrias de la zona, el documento hace referencia a los vertidos que se producen al río Aboño y a los áridos acumulados en una zona «que está dentro del Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA) donde, según la normativa, no se puede hacer ningún uso y, sin embargo, se acumulan toneladas de materiales altamente contaminantes», explica.

El informe también ha sido enviado al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra; la directora general de Prevención y Calidad Ambiental, Elena Marañón; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; la de Carreño, Amelia Fernández, y el exconcejal de Xixón Sí Puede David Alonso. En él la asociación aborda no solo la contaminación de procedencia industrial, sino también los problemas con las depuradoras de Gijón (la de La Reguerona «lleva años vertiendo residuos al mar y ninguna administración, ni local ni regional, ha tomado medida alguna respecto al emisario», indican), los de la playa de San Lorenzo o el reciente episodio que obligó a poner en práctica el nivel 1 del Plan de Calidad del Aire durante varios días en el centro de la región.

A mayor abundamiento, los vecinos han hecho que un notario de Candás levantara acta sobre la situación de acumulación de polvo de procedencia industrial en la zona de Aboño, tanto en viviendas como en prados y fardos de hierba almacenados para el consumo del ganado.

No se trata de un problema nuevo. Estos vecinos los vienen sufriendo desde hace muchos años. Adjuntan, de hecho, al estudio un informe elaborado en 1968 por un perito agrícola del Estado, en el que se valoraban los daños causados en el entorno de la cementera de Carreño en 106.450 pesetas. Esos daños se registraban en praderías, hortalizas, verduras y varas de hierba que el documento calificaba de «prácticamente inservibles».

El colectivo vecinal también critica que aún no se sepa nada de la colocación de cámaras que van a grabar la polución emitida por la industria, anunciada por Elena Marañón en EL COMERCIO en octubre pasado. Otro de los aspectos en el que hacen hincapié los vecinos de Aboño es en el cierre de caminos públicos por la construcción de «un nuevo vial sin permiso» y que aseguran no cumple la normativa.

La asociación espera que la recientemente nombrada fiscal de Medio Ambiente de Asturias, Esperanza González Avella, recoja las denuncias presentadas en el dosier y actúe contra los emisores de contaminantes, especialmente las grandes empresas de la zona.