Los constructores exigen a políticos y técnicos «rapidez» en el acuerdo sobre el plan de vías

Tanto si sale adelante diseñar la estación mixta de trenes y autobuses a partir de la remodelación y ampliación de la actual de Sanz Crespo, como si la opción definitiva es construir desde cero un equipamiento nuevo al lado, García lo tiene claro. «No es momento de preguntar a la sociedad qué opina sobre esta cuestión ni de someterlo a referéndum. Para decidir están los expertos y los políticos, a los que pedimos que elijan con su criterio el mejor proyecto para la ciudad, el que sea, dejen de dilatar en el tiempo de una vez por todas la toma de decisiones y lo pongan en marcha», apremia.

El presidente de los promotores y constructores asturianos califica de «vergüenza» la falta de impulso político que ha habido durante casi dos décadas años para avanzar en un proyecto trascendental para Gijón. «Esto ya no tiene más recorrido. Llevamos 20 años dándole vueltas al plan de vías cuando lo que necesitamos es que se tomen decisiones con rapidez para poder empezar a ejecutar la operación ferroviaria y urbanística y poner la inversión pública en la calle para dar puestos de trabajo», remarca.

A pesar de la situación de crisis sanitaria por la pandemia, el dirigente de la patronal CAC-Asprocon está convencido de que los terrenos del 'solarón' siguen estando entre los más cotizados de Asturias, si bien defiende que para que se puedan vender hay que ponerlos a precio de mercado y fragmentar el suelo en lotes más pequeños para que puedan optar a ellos empresas locales y regionales. «Si no, te arriesgas a que venga un fondo de inversión y lo compre todo, con lo que de esa forma los negocios los harían quienes no viven ni generan empleo ni riqueza económica en Asturias». Hasta el momento, la única oferta tangible que ha llegado a las oficinas de Gijón al Norte en la Casa del Mar, en La Calzada, es la que presentó en el verano de 2018 la promotora local Los Campos por un importe de 16 millones de euros (4,1 millones por debajo de la tasación de la consultora internacional Knight Frank). La empresa a cuyo frente están Juan Silvestre García Fernández y Juan Antonio García Martínez, es una de las más solventes del sector en la ciudad. Los Campos ha mostrado interés por la parcela más próxima a la futura estación intermodal, con capacidad para 191 viviendas en dos edificios: uno de cinco alturas y otro que en su parte más alta es como el de Bankunión, con 20 plantas.

El presidente de la patronal CAC-Asprocon, Joel García, defiende que el precio de la oferta de la promotora gijonesa «se tome como referencia para arrancar la puja» de los terrenos del 'solarón', «De ahí para arriba», señala.

La única salida a subasta hasta la fecha de las parcelas del 'solarón' comprendidas entre el Museo del Ferrocarril y la iglesia de San José tuvo lugar en 2016. Las parcelas H1 y H2 (que coinciden con los terrenos adecuados actualmente como zona verde) salieron a subasta entonces por 41,8 y 28,6 millones de euros, respectivamente. Tras quedar desierto el proceso, la consultora Knight Frank recomendó sacar a la venta por separado el suelo correspondiente a cada uno de los seis edificios previstos, con el fin de facilitar la adquisición de los terrenos por parte de promotores locales.

Desde el sector de la construcción y promoción también se considera importante que arranque cuanto antes la urbanización de la zona que actualmente se usa como parque y que la plataforma Un pulmón para el solarón pretende que se perpetúe como espacio verde. La urbanización de las parcelas que forman parte del parque del Tren de la Libertad persigue dar una mayor certidumbre a los potenciales inversores, contribuyendo de esta forma a que realicen mejores pujas y por lo tanto a revalorizar esos terrenos. Sobre todo, tras la entrada en escena en 2018 del fondo de inversión ASG Iberia, que hizo llegar entonces a Gijón al Norte su interés por adquirir los 7.602 metros cuadrados sobre los que se podrán levantar 418 viviendas, más los espacios comerciales de los respectivos edificios.

Dicho proyecto de urbanización está pendiente desde hace más de un año de que se autorice la licitación del contrato de las obras por Gijón al Norte. La pandemia del coronavirus y un veto plenario de los grupos de la oposición para que no se hiciera ninguna obra en el 'solarón' hasta que se definiera la ubicación de la estación intermodal congelaron esta actuación. Las máquinas tenían que haber entrado a trabajar en algún momento de 2020.

El Ayuntamiento llegó a aprobar, al menos de forma inicial, el expediente urbanístico y lo sometió a información pública en octubre de 2019. El proyecto urbanizador en suspenso plantea reducirá de forma notable la superficie verde del 'solarón' entre la iglesia de San José y el Museo del Ferrocarril, para dotar de todos los servicios a esas parcelas donde se pretende edificar primero como son el agua potable, teléfono, energía eléctrica, canalizaciones para la red de alumbrado, telecomunicaciones, el gas y canalizaciones destinadas al saneamiento.

Si se mantienen los plazos e inversión de la propuesta de la ingeniería Diteco, las obras una vez que se adjudiquen a una contrata se prolongarán durante un año y la inversión ascenderá a 3,7 millones de euros. La urbanización planteada incluye una nueva conexión de la calle Pintor Mariano Moré con la calle del Carmen y con la plaza de la Estación de Langreo. Gijón al Norte se compromete a ejecutar a su cargo estas obras en un plazo no superior a dos años a partir de la adjudicación de las parcelas del 'solarón'. Tampoco se sabe nada de momento sobre una nueva salida a subasta de las parcelas a precio más ajustado que el de 2016.

Los gastos en obras, proyectos y estudios de todo tipo para la integración ferroviaria en Gijón se acercan ya a los 200 millones de euros en las dos décadas de vigencia del plan de vías. De esa suma más de 141 millones se corresponden con la construcción, mantenimiento durante años, reparaciones y vaciado del túnel del metrotrén. La sociedad gestora del plan de vías, Gijón al Norte, adeuda a sus socios 49,57 millones de euros por contratos de préstamo participativo. Los gastos en personal (cuatro empleados) fueron en 2019 de 244.376 euros.