Comienza el juicio a una vecina de Gijón acusada de formar parte de una red de trata de mujeres

Los acusados, cinco mujeres y dos hombres, todos de nacionalidad nigeriana, se enfrentan a penas de entre 36 y 2 años de cárcel por delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva y ayuda a la inmigración ilegal.

Según la Fiscalía, formaban una red asentada en España, Italia, Libia y Nigeria que captaba a mujeres del país africano en situación de «seria precariedad económica», y les ofrecía «trabajo y oportunidades» en España, ocultándoles «en la mayoría de los casos» que tendrían que ejercer la prostitución.

Las mujeres eran trasladadas a Libia, atravesaban el Mediterráneo en patera hasta Italia y desde allí eran conducidas a territorio español, donde se les obligaba a prostituirse para pagar «la deuda» de 30.000 euros que supuestamente habían contraído con la organización.

Además, según el escrito de acusación de la Fiscalía, eran sometidas a un rito vudú, de «profundo arraigo espiritual en la cultura nigeriana» mediante el que juraban obediencia a los miembros de la organización y se comprometían a pagar la deuda para que no cayera sobre ellas y sus familias una desgracia mayor, incluso la muerte.

En este primer día de juicio, que se prolongará hasta el próximo martes, 6 de octubre, los acusados no han querido responder ni a las preguntas de la fiscal ni a la de sus abogados.

Además todas las defensas han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas que fueron autorizadas por un juzgado de Valencia, y con ellas de toda la causa, petición que no ha sido admitida por la magistrada de la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria.

Las defensas consideran que se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones de los acusados con una escuchas que solo se basan en la declaración que hizo en comisaria una de las supuestas víctimas de la red, y testigo protegido en la causa.

La fiscal ha calificado de «sorprendente» que se argumente que la declaración de una testigo protegido es causa de anulación cuando además, ha añadido, la policía no tenía otra forma de localizar a otra posible víctima de la red para rescatarla, y ha subrayado que el auto que autorizó las escuchas está «perfectamente motivado».

La juez ha desestimado la petición de las defensas porque entiende que existen «indicios sólidos» para los escuchas por las razones que ha expuesto la fiscal, quien ha solicitado la reproducción en la vista de una parte de esas conversaciones, mantenidas en el idioma materno de los encausados.

Entre los acusados se encuentran un matrimonio residente en Torrelavega y tres mujeres con domicilio en Vizcaya, Gijón y Lérida, quienes presuntamente se encargaban de recibir a las chicas y controlarlas.

También está acusada una mujer que ejercía la prostitución de manera voluntaria y que tenía por misión vigilar a una de las víctimas.

El séptimo acusado es un hombre residente en Nápoles que presuntamente recibía a las chicas a su llegada desde Libia y les proporcionaba la documentación falsa para viajar por Europa.