La CNT de Gijón, denunciada por extorsión bajo amenaza de boicot a negocios

«Es una presión con la que resulta muy complicado vivir». Habla José Álvarez, quien fuera dueño de la pastelería La Suiza, cerrada de forma traumática, y que ha presentado una denuncia contra al sindicato CNT de Gijón por extorsión bajo amenaza de boicot. Una denuncia que ha sido vista por otros empresarios como la solución a los casos de presiones por parte de este sindicato que dicen haber padecido durante los últimos dos años y que les ha llevado a unirse a la misma.

Según fuentes policiales, el dueño de La Suiza ha sido objeto de 16 escraches frente a su negocio, «organizados» por dicho sindicato y en los que se le acusaba públicamente de acosador sexual y explotador. A esto se sumó el reparto de pasquines y la colocación de carteles por toda la ciudad. «Las acusaciones son falsas y la justicia nos ha dado la razón, pero el daño queda hecho», afirma este empresario, que vio cómo a raíz de estos actos sus ventas disminuyeron en más de un 50%. Al final, tuvo que cerrar.

Álvarez afirma que el problema comenzó cuando su empleada, a quien también acusa en la denuncia, le reclamó una cantidad de dinero en concepto de un despido improcedente que él se negó a pagar, ya que, sostiene, su petición «carecía de cualquier base legal». Tras esta negativa la empleada acudió a la CNT, que le prestó su apoyo y, tras una reunión con el empresario y su abogado en la que no se llegó a ningún acuerdo, procedió a organizar una manifestación frente a la pastelería con el fin de ejercer presión sobre Álvarez y que terminase pagando esta compensación a su empleada.

Fue entonces cuando el dueño de La Suiza decidió denunciar al sindicato por lo que consideraba «un acoso injustificado». A causa de iniciar este procedimiento judicial, siempre según Álvarez, la cúpula de la CNT en Gijón se reunió con su abogado para reclamarle 6.039 euros como indemnización a la empleada y amenazándole con que en caso de no hacer frente a ese pago, comenzarían una serie de acciones con el fin de cerrarle el negocio. «Nos negamos a pagarles dinero alguno y a partir de ahí, tal y como nos habían avisado, comenzaron a organizar escraches frente a nuestro negocio», afirma el empresario.

De estas dieciséis concentraciones que denuncia Álvarez, diez fueron notificadas previamente a la Delegación del Gobierno, mientras otras seis se realizaron sin previo aviso a las autoridades. Según un informe de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Gijón, solo en algunas de estas manifestaciones se pudo identificar a afiliados al sindicato, a los que en algunos casos se propuso para sanción gubernativa.

La primera denuncia presentada por Álvarez ante el juzgado de Instrucción número 4 de Gijón que imputa a 25 afiliados de la CNT de Gijón y a la extrabajadora de su negocio por coacciones, difamaciones e injurias cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal. Éste confirma la posibilidad de que los actos denunciados constituyan «delitos de coacciones graves para evitar que la parte acusadora pueda continuar con su actividad empresarial».

Sin embargo, no ha sido hasta esta segunda denuncia interpuesta el pasado lunes cuando otros empresarios que, presuntamente, habían sufrido el mismo tipo de conductas por parte del sindicato, han prestado declaración para completar la demanda. Según Pablo, hijo de José Álvarez y titular de la demanda, son hasta veinticinco los empresarios que afirman haber sido víctimas de estas presiones.

Uno de ellos es Alberto Marcos, copropietario del restaurante Mol Center, quien a raíz del despido de una de las trabajadoras fue acusado de acoso infantil y explotación. «Se pusieron a la puerta del restaurante a gritarlo y repartieron pasquines en los que nos tachaban de acosadores infantiles», afirma Marcos, quien asegura haber pagado a supuestos representantes de CNT Gijón una cantidad cercana a los 1.500 euros. «Te crean una tensión insostenible y al final te ves obligado a pagar para que paren», explica.

Según una sentencia judicial aportada por representantes de la CNT a este periódico, la cantidad pagada por Marcos fue de 300 euros en concepto de un despido improcedente. Además, niegan cualquier tipo de acusación por acoso infantil.

Otro de los que dice haberse visto obligado a pagar para evitar el cierre de su negocio es Silvio Fresno, propietario de la carnicería con el mismo nombre ubicada en El Coto. «De un día para otro empezaron a llenar el barrio de carteles que decían que no pagaba a mis empleados», cuenta quien, al ver que la situación no cesaba, asegura asimismo haber sucumbido a las supuestas exigencias y haber realizado un pago de 1.600 euros a cambio de que detuviesen «un acoso que me llevó a perder muchos clientes».

En la totalidad de los casos denunciados, los empresarios sitúan el origen en despidos que, según su versión de los hechos, llevan a cabo «de manera completamente legal» y, en algunos casos, abonando a los empleados «hasta el último céntimo» de sus contratos. Sin embargo, dicen, el sindicato aprovecha estos casos como «excusa» para comenzar unas presiones cuyo fin único, entienden, es el dinero.