Ciudadanos y empresas deben al Ayuntamiento de Gijón 13,5 millones en impuestos y multas atrasadas

Los 28,92 euros del mencionado recibo de la viñeta de 1989 ya se dan por perdidos a efectos contables. Al igual que todos los ingresos que deberían haber entrado en el Ayuntamiento con anterioridad al 31 de diciembre de 2012 y parte de las órdenes de cobro giradas en los cinco ejercicios siguientes. La ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales de 2013 indica que tendrán la consideración de «derechos de difícil o imposible recaudación» el 25% de los derechos pendientes de ingreso de los dos ejercicios anteriores al recién liquidado, el 50% de los que se arrastren de tres años antes, el 75% de los que lleven cuatro o cinco años en espera y el 100% de los anteriores. Esto es, de una deuda de 100 euros, se daría por imposible el cobro de 25 euros si correspondiera a un impuesto devengado en 2016 o 2017; de 50 euros, si fuera de 2015; de 75, si se remontara a 2013 o 2014; y la totalidad del importe si fuera de 2012 o anterior.

El informe aprobado por el Pleno considera prácticamente perdidos los 28,92 euros que le adeuda la ciudadanía desde 1989; 44,47 euros de 1990; 145,44 euros de 1991; y 155,06 de 1992. Entre 1993 y 1996 no consta cuenta pendiente alguna, como tampoco entre 1998 y 2000. Sí hay, entremedias, 624,14 euros pendientes de cobro desde 1997 por el arrendamiento de viviendas y locales de negocio.

A partir del año 2001, el dinero que se da por perdido va in crescendo. De ese ejercicio son 1.056 euros; solo un año después, la cifra llega a 1.682 euros; en 2006 va ya por 4.069; en 2008, por 59.043 euros; y a partir de 2009 se empieza a hablar ya de centenares de miles de euros cada año, con 482.681 euros ese mismo ejercicio.

En lo que respecta al último lustro al que hace referencia el documento, constan pendientes de cobro 712.235 euros de 2013, 284.934 euros de 2014, 1,4 millones de euros de 2015, 3,3 millones de 2016 y 5 millones de 2017. En total, 10,8 millones de euros adeudados por ciudadanos y empresas de los que, una vez aplicados los mencionados porcentajes del 25%, el 50% y el 75%, constarían como «de difícil o imposible recaudación» 4,2 millones de euros.

No obstante, existe un segundo factor que lleva al tesorero general a elevar los derechos de cobro de 2013 a 2017 que se dan por perdidos hasta los 5,4 millones de euros. Se trata de la situación de concurso en la que se encuentran muchos de estos deudores, que lleva a elevar la estimación de difícil recaudación de sus respectivas cuentas pendientes con el Ayuntamiento hasta el 100% del importe. En concreto son una treintena de sociedades, en su mayoría del sector de la construcción, que acumulan decenas de recibos paralizados por su situación concursal y de liquidaciones pendientes de abono ante el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, que gestiona el cobro de varios impuestos municipales. En la mayoría de las constructoras y promotoras en concurso la deuda pendiente corresponde al impuesto de plusvalía, por un importe total de 2,1 millones de euros desde 2010.

Precisamente el polémico impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), que grava la venta o transmisión de propiedades y está pendiente de revisión a nivel nacional tras las sentencias que declaran ilegal su cobro en aquellos casos en los que el bien objeto de la operación no haya sido objeto de revalorización en los últimos años, es uno de los que más pagos atrasados acumula. El Ayuntamiento tiene pendientes de ingreso por este concepto un total de 5.215.933 euros. Por encima de esta cantidad, no obstante, está la que ciudadanos y empresas adeudan a las arcas municipales por multas de diversa índole, que asciende a 5.550.819 euros. Los impagos del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) suman 1.044.120 euros.

Ya muy por debajo se sitúan los ingresos pendientes por la tasa de ocupación del suelo público para la instalación de terrazas, que ascienden a 367.817 euros. Las empresas con concesiones administrativas deben al Consistorio 364.199 euros, correspondientes principalmente a varios aparcamientos subterráneos que tenía adjudicados Ceyd y que ya han sido rescatados. Aunque el Ayuntamiento prevé ingresar la deuda pendiente con cargo a la fianza depositada en su momento por esa empresa, no podrá hacerlo mientras no se resuelva un recurso presentado por la constructora.

Otros 94.896 corresponden a las tasas de vados de garajes, 49.904 a licencias urbanísticas y 197.673 a intereses de demora por los impagos acumulados. Ya de manera anecdótica constan deudas por asuntos como las matrículas de las escuelas infantiles o la expedición de documentos.