Moriyón abrirá negociaciones para aprobar en marzo las modificaciones de la prórroga

La concejala de Hacienda, Ana Braña, destacó en el Pleno del jueves que los plazos que marca la ley de estabilidad para la elaboración del plan económico y financiero no empiezan a contar hasta que se presente la liquidación del presupuesto anterior, pues es ahí donde constan los datos definitivos sobre los que se debe trabajar. El equipo de gobierno baraja finales de marzo como fecha para disponer del cierre de cuentas tanto del Consistorio como de las empresas municipales. El plan de ajuste se sometería a votación en el Pleno a lo largo de abril y después aún debería recibir el visto bueno del Principado, por lo que su puesta en marcha no llegaría hasta mayo.

La duda es si habrá que esperar hasta esa fecha para que la oposición abra la puerta a apoyar modificaciones de la prórroga o bastará con que dé a conocer las líneas generales que guiarán ese documento. En el Pleno celebrado anteayer, además de tumbar los cambios en las cuentas que proponía Foro, la oposición aprobó un acuerdo en el que se insta al equipo de gobierno a presentar antes de que finalice febrero los principales indicadores del futuro plan económico y financiero, «para que puedan ser consensuados antes de iniciar su tramitación». También reclaman que antes de que concluya el mes ofrezca en la comisión de Hacienda una panorámica general a medio y largo plazo de la situación económica en la que consten todas las modificaciones de la prórroga previstas para 2018, las previsiones económicas para los próximos cinco años y las medidas que se consideran adoptar «para cumplir las obligaciones legales», y que elabore un informe que contemple todas las inversiones plurianuales previstas para los próximos diez años, «detallando los plazos y la financiación, teniendo en cuenta el actual estado de ingresos y los compromisos derivados de la estabilidad, y señalando la inversión máxima anual».

El acuerdo plenario incluye además una «censura» a la gestión económica del equipo de gobierno, que la oposición considera «caracterizada de forma permanente por la improvisación, la falta de transparencia y la ausencia de rigor». También se acusa a Foro de «ocultar deliberadamente» el incumplimiento de la regla de gasto aún cuando era previsible, abocando al Ayuntamiento a un plan de ajuste «que limitará la aplicación de sus recursos económicos».

Ayer continuaron las críticas a la situación en la que ha quedado Gijón por contravenir la ley de estabilidad. El secretario general del PSOE, Iván Fernández Ardura, señaló que «si hace dos meses -cuando fue elegido para el cargo- hablábamos ya de la lamentable situación de desgobierno a la que Foro había llevado el Ayuntamiento, ahora podemos decir que aún ha empeorado más». Por su parte el portavoz de IU, Aurelio Martín, definió el escenario actual como «una crisis política» y advirtió al equipo de gobierno de que de ella no se sale «con victimismo, sino con liderazgo». Afeó además a Foro que trate de trasladar la responsabilidad de lo ocurrido a los grupos de la oposición. Consideró que «en quince o veinte días deberían tener los principales datos para saber si se va a poder hacer frente a los gastos comprometidos o previstos».

Con respecto a la renta social municipal, en el centro del debate tanto por su papel en el incumplimiento de la regla de gasto como por la detección de algunos usos fraudulentos de las ayudas, el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, pidió la creación de una mesa de trabajo que permita «refundar» sus bases, dándoles un «giro total» que permita «que pase de ser meramente asistencialista a una herramienta más para luchar contra la exclusión social».