Condenan a dos años de cárcel a la presidenta y tesorera de la asociación de mujeres maltratadas Carla Vive por quedarse con dinero de las víctimas

Se quedaban con parte del dinero que les entregaban las víctimas de malos tratos en concepto del alquiler de los ocho pisos de acogida que la asociación les procuraba. La presidenta y la tesorera de la asociación de víctimas de malos tratos Carla Vive han sido condenadas por apropiarse de 17.638 euros de mujeres a las que prestaban apoyo tras iniciar un procedimiento de violencia de género. Paz Rodríguez, la presidenta, ha sido condenada a dos años de cárcel. La tesorera, Alicia Gutiérrez, a 21 meses de prisión.

Ambas reconocieron los hechos que se le imputaban durante el juicio celebrado en la sección octava de la Audiencia Provincial, en Gijón. No utilizaron el turno de última palabra ni explicaron los motivos que les llevaron a quedarse con parte del dinero que las víctimas les pagaban en mano para que ellas, a su vez, pagasen los alquileres de las viviendas que se habían convertido en sus hogares gracias al acuerdo llegado entre la asociación y una sociedad de gestión de pisos, que facilitaba el alojamiento para las víctimas «con ventajas y condiciones muy ventajosas, con alquileres que rondaban los 400 euros y sin necesidades de fianzas o avales». El objetivo es que las mujeres que estaban en un proceso por malos tratos tuvieran un lugar digno en el que vivir.

«Sin embargo, en los años 2017 y 2018, en el desarrollo del acuerdo, contraviniendo el mismo y sin conocimiento ni consentimiento de la mercantil, la presidenta obtuvo pagos en mano que efectuaron los arrendatarios a la acusada y otros se realizaron por transferencias en concepto de meses adelantados, pagos que debiendo redundar en beneficio de la mercantil, se quedaron las acusadas con el efectivo conseguido, bien directamente para la presidenta o a través de la cuenta de la asociación abierta en nombre de ambas acusadas como titulares mancomunadas junto con la asociación. De este modo obtuvieron en su beneficio personal un total de 17.139,04 euros, de ocho viviendas ubicadas todas ellas en Gijón», sostiene el fiscal en el escrito de acusación.

La magistrada, con acuerdos de las partes, determinó la suspensión de la entrada en prisión para las dos condenadas a condición de que abonen el dinero con el que se quedaron y se lo devuelvan a los propietarios de los pisos.

Paz Rodríguez cuenta con antecedentes por haber sido condenada en 2018 a arresto domiciliario por injurias a un juez a raíz de una sentencia por malos tratos.

• Temas
• Juicios
• Gijón
• Sucesos en Asturias