Los ayuntamientos se ven incapaces de evitar el botellón «si la sociedad no se conciencia»

No es un problema exclusivo de Gijón. Son muchos los ayuntamientos que se sienten impotentes ante la práctica del botellón, fenómeno que consideran que «no tiene fácil solución». Así lo indica el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios. «Es algo muy complicado. El consumo de alcohol está muy arraigado en nuestra cultura y la respuesta pasaría por que toda la sociedad esté concienciada», asegura.

García Palacios asegura que el grueso de los alcaldes asturianos coinciden en que «constituye un importante problema» por varios aspectos. Lo identifica en primer lugar como un problema «de salud pública, porque se acerca el consumo a los menores y además hay un abuso del alcohol y de otras sustancias». El segundo inconveniente que ve asociado a esta práctica es «la distorsión del orden público y la convivencia que conllevan el ruido y la ocupación de espacios». Y por último, «pero no una cuestión menor», se refiere a los costes a los que tienen que hacer frente los ayuntamientos, tanto por la suciedad que se genera en estas concentraciones, «que viene acompañada de peligro por la presencia de botellas rotas», como por los actos vandálicos que protagonizan algunos de sus participantes, «que a raíz del consumo de sustancias rompen papeleras, mobiliario urbano y contenedores y también causan daños en coches y en propiedades privadas». La cotidianeidad con la que se dan estas situaciones, «que sufrimos todos los alcaldes», hace, según el presidente de la FACC, que «cuando preparamos los presupuestos tengamos que incluir entre nuestras previsiones de gasto los costes correspondientes a esas limpiezas y a los destrozos en la calle».

El alcalde naviego apunta cómo «antes todo tenía una dimensión menor», refiriéndose a las rutas como «precursoras del botellón». Explica a este respecto cómo en las zonas de gran concentración de bares se convirtió en habitual «que la gente saliera con la bebida a la calle. Esta forma de consumir fuera de los establecimientos se fue propagando y evolucionó a que la gente llevara directamente la bebida de su casa». Y si en un principio el fenómeno se limitaba a los alrededores de estos locales de ocio, con el tiempo «se fue extendiendo» a otros lugares de las villas y ciudades. «Por supuesto que en los municipios grandes es un problema, pero en otros concejos el botellón también se concentra en determinados lugares».

García Palacios habla de una cuestión «estructural y cuyas soluciones, muy difíciles, tendrían que llegar a la raíz. No toda la responsabilidad puede caer en las administraciones. Hay que implicar a toda la sociedad: padres, centros educativos, Policía... Si tienes quince años y a las tres de la mañana no estás aún en casa, algo tendrán que decir tus padres». Explica que en su concejo, Navia, «hacemos una campaña diseñada por los propios chavales que se llama 'no te consumas'. Supongo que les queda ahí, como un ruido de fondo, pero quizás sin ella la situación sería aún peor». Defiende en este sentido que la vía es «el trabajo social muy profundo y a largo plazo».

Añade que «algunos ven adecuada la solución represora, pero solo puede haberla a corto plazo y tampoco es fácil de aplicar. Si los que hacen el botellón se tienen que marchar de un sitio, van a otro. Es lo que suele pasar en todas partes». Sí considera, no obstante, que «cuando el tema se pasa de rosca, sí hay que vigilar por lo menos que no haya otras sustancias». El presidente de la FACC tampoco es partidario de soluciones aplicadas en algunos lugares fuera de Asturias, como la adecuación de 'botellódromos' (espacios apartados del casco urbano en los que se permite el consumo de alcohol) para «eliminar las molestias» a los vecinos. Señala que este tipo de medidas «no ayudan a cuidar el ángulo que debe primar, que es el de la salud pública, porque estás facilitando desde lo público que se beba alcohol. Y los hosteleros también protestan».

Por otra parte, los vecinos de Poniente se sumaron ayer a las críticas ya transmitidas estos días desde Cimavilla y la zona centro por la escasa eficacia demostrada por la ordenanza de convivencia desde que empezó a aplicarse en la ciudad hace ya cinco años. «No se puede decir que la situación haya empeorado, pero sigue siendo muy parecida a la que había antes de esa norma», explica Emilio Rodríguez, de la asociación de vecinos Pando. Añade que esta zona, por sus grandes espacios peatonales y la presencia de la playa, «es muy propicia para hacer botellón, algo que se evitaría con más seguridad y presencia de la Policía. Pero la permisividad del Ayuntamiento es total».

Señala que el problema no es exclusivo del verano. «Lo hay también en invierno. Yo vivo en la zona de los edificios barco y soportamos esta situación incluso cuando llueve, porque se meten en los soportales». El principal inconveniente, apunta, son los restos que dejan detrás quienes se reúnen para beber en plena vía pública. «La suciedad es increíble», asegura. Recuerda que la situación se agrava cuando tienen lugar las grandes celebraciones con epicentro en el barrio, como la noche de San Xuan. «Pusieron contenedores, y no sirvió para nada. Por la playa pasa el tractor por la mañana y lo quita todo, pero al día siguiente vuelven a salir a la superficie plásticos y cristales que quedaron debajo de la arena». Rodríguez reclama que «se hagan cumplir las ordenanzas», lo cual en su opinión pasa por incrementar la vigilancia. Pide además, al margen del botellón, «revisar los horarios de las terrazas, que son horrorosos. Gijón parece una fiesta continua y no sé qué pasa con el descanso de los vecinos».

El Pleno instó en 2015 al equipo de gobierno a modificar la ordenanza de convivencia ciudadana de 2013, para lo que se constituyó un consejo de participación al que fueron invitadas más de doscientas entidades vecinales y sociales, si bien apenas una décima parte de ellas acudieron a las convocatorias. El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, aseguró esta semana que en septiembre se trasladará el debate al Consejo Social de la ciudad como paso previo al inicio de la tramitación formal de la nueva ordenanza, que tras ser aprobada por la junta de gobierno debe abrirse a enmiendas de la oposición y ser votada en el Pleno.