El Ayuntamiento de Gijón pone en marcha un sistema para detectar los pisos turísticos ilegales

«De esta forma ayudamos a que los vecinos detecten las viviendas ilegales, y puedan dirigirse al departamento de disciplina urbanística del Ayuntamiento a denunciarlo. Necesitamos involucrar al ciudadano», manifestó Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo. La web municipal ofrece a los vecinos de los bloques afectados por las viviendas turísticas ilegales a tramitar la denuncia ante la Concejalía de Urbanismo de forma virtual desde la misma web municipal.

El mapa interactivo muestra con puntos rojos las viviendas legales del municipio, y ofrece de cada una de ellas su referencia catastral. En los casos de viviendas en Cimavilla, Centro, La Arena, Fomento y Poniente se refleja también que son zonas tensionadas donde la concesión de licencias se encuentra suspendida hasta el mes de enero.

Con esta tentativa municipal de terminar con las viviendas turísticas ilegales a través de un censo de las legales, el gobierno cumple con un acuerdo del Pleno del mes de enero aprobado por unanimidad y llevado al mismo por el grupo municipal de Izquierda Unida. Javier Suárez Llana, portavoz de IU, propuso la creación de un censo digital para así «intensificar la labor de inspección de disciplina urbanística que tenga por objeto la detección de infracciones en viviendas no registradas».

En enero, y con la previsible duración de un año, el equipo de gobierno aplicó una moratoria en la concesión de licencias para viviendas de uso turístico en el Centro, Cimavilla, La Arena, Fomento y Poniente. Pasado el ecuador de la vigencia de la moratoria, son varios los miembros del equipo de gobierno los que deslizan la posibilidad de prorrogar la medida. Ayer, sin ir más lejos, Martínez Salvador manifestó que «dependerá» de la agilidad del Gobierno Principado en tramitar la reforma del la ley de turismo, cuyo fin es regular la convivencia de las viviendas de uso turístico. El ejecutivo de Adrián Barbón tiene previsto retomar tras el verano las negociaciones con los grupos y la tramitación de la misma. «No me temblará el pulso en ampliar la vigencia y las zonas de la moratoria si Gijón lo necesita», comentó también Carmen Moriyón hace unas semanas a EL COMERCIO.

El censo que ayer presentó el equipo de gobierno sirve para cifrar en 2.400 las viviendas de uso turístico que dispone la ciudad. Los últimos datos (noviembre de 2023) cifraban en 1.500 las viviendas de esta tipología. El centro (751), La Arena (396) y Cimavilla (168) son los tres barrios más tensionados, seguidos de Laviada (136), Ceares (135) y El Natahoyo (137).

Cabe recordar que desde que se conociera la intención municipal de aplicar la moratoria a principios de enero hasta que se publicó en el BOPA el 1 de febrero, hubo una avalancha de solicitudes que el Ayuntamiento se vio obligado a resolver favorablemente. La moratoria, aunque aprobada por los grupos municipales, trajo también consigo críticas por no aplicarse al resto de barrios. Las fuerzas de la izquierda advirtieron que la localización de la norma traería consigo el desplazamiento del problema. Así, con los datos en la mano, en el barrio de Laviada, de noviembre de 2023 a junio de 2024, se pasó de 60 a 136 viviendas turísticas, y en El Llano, por ejemplo, de 46 a 212.

A la espera del texto del ejecutivo regional, con quien el Ayuntamiento reconoce buen entendimiento en las reuniones entre los equipos redactores, Gijón ha sufrido un crecimiento de licencias en apenas nueve meses del 60%.