El Ayuntamiento de Gijón censará los pisos vacíos y estudia fijar un precio máximo al alquiler

¿Cuál es el mayor problema de la vivienda? El Pleno se dividió ayer ante la pregunta. La izquierda pidió intervenir el mercado, rebajar el alquiler e incentivar los pisos sociales. La derecha, luchar contra la okupación, ayudar a sus víctimas, endurecer la legislación. Tras días en los que el debate sobre el IBI había enfrentado al equipo de gobierno local con toda la oposición, Vox y el PP expusieron una campaña nacional contra la okupación que empujó a Podemos a recuperar la sintonía con el equipo de gobierno de PSOE e IU.

Juntas, las tres fuerzas de izquierda sacaron una proposición que insta al Principado a redactar una ley autonómica de vivienda que garantice el techo a «las personas en riesgo de exclusión residencial». Los deberes del equipo de gobierno local pasan por hacer «un censo de viviendas vacías» y un estudio de viabilidad para fijar unos precios máximos al alquiler. Es lo que la alcaldesa de Barcelona Ada Colau lleva tiempo intentando y que acaba de materializarse en una norma autonómica en Cataluña.

«Hay que ponerse a trabar de inmediato», dijo la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, autora de la proposición. Recordó que, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2011 había en Gijón 16.551 pisos vacíos, pero «necesitamos datos actualizados». Ahora, «solo el 2% de la edificación es vivienda pública, un porcentaje vergonzoso» cuando en julio hubo más de 7.000 peticiones de ayuda al alquiler en Asturias y el precio de las rentas subió un 1,9% en mayo, «en plena pandemia», dijo. La concejal de Bienestar Social, Natalia González, respondió que hay un convenio con la Universidad de Oviedo que «nos dará una imagen fija de viviendas desocupadas y el estado en que se encuentran».

«Lo primero que tiene que hacer una persona es ganarse la vida por sí misma, y no pensar que papá Estado se lo va a arreglar todo», rechazó Eladio de la Concha, de Vox. Antes había reclamado crear un órgano de apoyo legal a las víctimas de la okupación, así como suspender el cobro de tasas a los afectados y el pago de ayudas a los culpables. «El fenómeno va en aumento, los ciudadanos tienen miedo de irse de vacaciones», apremió.

Alberto López-Asenjo, del PP, aludió a «los recientes incidentes donde okupas atacan a personas» y aseguró que después de vivir gratis en casa ajena a los allanadores «se les pone una multa máxima de 270 euros». La portavoz del gobierno local, Marina Pineda, acusó a Vox de pretender «un Estado policial» y a la derecha de «crear una necesidad para vender su producto». En Gijón, afirmó, «no existe este problema; hay un caso que el propietario no parece tener interés en resolver».

Jesús Martínez Salvador, de Foro, reclamó una atención personalizada «como se ha recuperado en los comercios» y Rubén Pérez, de Ciudadanos, criticó la brecha generacional que impone hacer los trámites en una web, la del Ayuntamiento, que tiene enlaces que no funcionan y apartados para hablar con los ediles, «pero de la anterior Corporación». Pineda replicó que la atención personalizada se hace con cita previa, que van 57.000 peticiones recibidas desde julio y habrá un rediseño de la web que empiece por el apartado de la sede electrónica.