Las ayudas para instalar ascensor en Gijón se reactivarán en 2021 después de tres años sin convocarse

La decisión no afectaba a quienes tuvieran solicitada ya la ayuda antes del 31 de diciembre de 2017 y cumplieran con las exigencias que marcaban las bases. Sus expedientes se siguieron tramitando y van siendo aprobados poco a poco, aunque los pagos lleguen a cuentagotas y aún queden varios años para poder atender todas las peticiones anteriores a esa fecha. Pero desde ese acuerdo de la junta de gobierno, el Ayuntamiento no ha admitido nuevas solicitudes, pese a la necesidad de obras de mejora que tienen muchos edificios residenciales de la ciudad, la carencia en otros tantos de un elemento fundamental para mejorar la accesibilidad a las viviendas como son los ascensores y la importancia que tienen las subvenciones municipales para garantizar la actividad del sector de la construcción y en particular la de las empresas dedicadas a la rehabilitación de inmuebles y a la instalación de ascensores.

«Los que quedan pendientes de poner requieren obras de gran envergadura, que cuestan mucho dinero. Y las comunidades de vecinos no invierten si no tienen ese apoyo municipal», señala Miguel González, de Ati Ascensores, quien destaca el peso que las obras en edificios antiguos tiene para su empresa. «Obra nueva hay poca. Sigue casi todo parado. Y los cuatro edificios que se construyen se los llevan las grandes empresas. Con las ayudas municipales había unas subvenciones garantizadas. Siempre estaban saliendo adelante nuevos expedientes y eso daba una cierta tranquilidad», apunta.

Oficialmente, la razón principal para dejar en suspenso las bases y dejar de admitir nuevas solicitudes fue la necesidad de redactar unas nuevas condiciones de acceso a este programa que adecuaran la concesión de las ayudas a las recomendaciones emitidas por la Sindicatura de Cuentas. Entre otras, establecer periodos concretos para pedirlas -podía hacerse en cualquier momento del año-, fijar criterios de comparación entre las solicitudes recibidas y marcar plazos para la presentación de los justificantes de obras. Pero detrás subyacía otro problema, el progresivo aumento de la deuda con las comunidades, bien por expedientes ya aprobados pero cuya ayuda aún no había sido abonada, o bien por solicitudes en tramitación que iban a generar un nuevo compromiso de gasto. «Hay un elevado número de expedientes pendientes de resolución y en estos momentos no se dispone de crédito suficiente para atender todas las solicitudes», se argumentaba en plena situación de prórroga presupuestaria.

Pese a sumar ya dos años y medio sin nuevas solicitudes, el pasado mayo la concejala de Hacienda, Marina Pineda, cifraba en 66,5 millones de euros los pagos que debía afrontar aún el Ayuntamiento en ayudas a la rehabilitación de fachadas, la reforma de barrios degradados y la supresión de barreras arquitectónicas.

Esta última línea, en la que se incluyen la instalación de ascensores, salvaescaleras y rampas, es la que tiene un importe pendiente de pago más bajo (2,4 millones de euros) y en la que más se ha agilizado la tramitación de expedientes, principalmente porque en las ayudas a fachadas se requiere más información a las comunidades, lo que ralentiza su apobación definitiva.

Este año, de hecho, la junta de gobierno ha concedido ya 127 nuevas ayudas para la supresión de barreras arquitectónicas -por un total de dos millones de euros-, frente a tan solo doce para la rehabilitación de fachadas (1,1 millones). El Ayuntamiento espera liquidar en 2020 todas las le que quedan pendientes, para poner en marcha en 2021 una nueva convocatoria específica para esta línea, que prevé dotar con un millón de euros. La de nuevas ayudas a fachadas deberán esperar a que se rebajen los compromisos pendientes, que a día de hoy superan los 55 millones de euros.