Avintia trata de anular las reservas de los bloques afectados por su conflicto judicial

«El contrato queda sin efecto y resuelto con la consiguiente pérdida de efectos y conlleva la obligación de las recíprocas prestaciones», puede leerse en la misiva. La promotora se considera con la potestad de anulación porque, a su juicio, la estipulación segunda del contrato marca como fecha de caducidad de la reserva el primer trimestre de 2021. Pero son varios los propietarios que no comparten la interpretación de la empresa, por lo que sus abogados pretenden reclamar oficialmente la unilateral cancelación. Los contratos fueron firmados a principios de 2020, y pese a que la empresa alega que caducaban en el primer trimestre de 2021, la promotora los canceló en el último mes de 2023.

Las reservas, siendo distintas según el tipo de vivienda, rondaron en su momento los 10.000 euros por propietario, que serán devueltos una vez el firmante devuelva el aval bancario.

Así todo, la empresa otorga a los compradores prioridad en la comercialización de las mismas viviendas cuya reserva se propone ahora anular. Cabe recordar que el pasado octubre Avintia lanzó una campaña de refinanciación del proyecto 'San Lorenzo 20' para poder afrontar la subida de los costes. Civislend, plataforma intermediaria con sede en Madrid, ofrecía una rentabilidad de un 20% en 24 meses con posibilidad de amortización en el decimoctavo mes. Los 3,8 millones de euros que pretendía la empresa fueron conseguidos en apenas solo unas semanas de promoción.

Urbanizado el terreno desde hace más de un año, el pasado mes de octubre comenzaron las obras de los bloques 3 y 4. Algunos propietarios, que habían hecho público su hartazgo por la espera, ya han comenzado a firmar la documentación para adquirir definitivamente la vivienda.

Respecto al conflicto judicial que mantiene abierto la promotora con el vecino que se niega a salir de la casa de sus padres, la empresa se ha dirigido al gobierno local para que ejecute el desahucio forzoso por vía administrativa. El problema es que sus padres, titulares de la vivienda y miembros de la junta de compensación, ingresaron por el chalé 128.000 euros, pero su hijo se niega a abandonar la casa alegando un derecho de usufructo sobre la propiedad. La promotora llegó a ofrecer otros 372.000 euros a sus padres a cambio de que convencieran a su hijo para que saliera del chalé, pero quisieron independizar el acuerdo económico de la situación de su hijo.

Si el Ayuntamiento acepta el desalojo del hombre por vía administrativa se podrían acortar los plazos para que la promotora iniciara la construcción de los bloques 1 y 2. Avintia quiere que el Consistorio se implique en dar una solución al problema, habida cuenta de que la alcaldesa, Carmen Moriyón, ya se refirió en varias ocasiones a la necesidad de mejorar el aspecto que presenta esta fachada marítima.