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«Esto se está volviendo una jungla. Hay comunidades de vecinos que ya no pueden más con el trasiego de maletas, gente entrando y saliendo, sin cuidar la zonas comunes, el encarecimiento desorbitado de alquileres y la cesta de la compra ni te cuento... Luego ... quieren rejuvenecer el barrio, pero ¿cómo van a pagar esos alquileres los jóvenes con los sueldos que tienen?». Quien así se expresa es María José Cuervo, presidenta de la asociación vecinal de La Arena, quien considera necesario que se apliquen medidas como la adquisición y rehabilitación de edificios o nuevas construcciones para poner vivienda de alquiler en el mercado o limitar los precios de los alquileres y establecer bonificaciones fiscales hasta del 90% para los arrendatarios que los apliquen.
Sergio Álvarez, presidente vecinal de Cimavilla, está de acuerdo con el diagnóstico de su homóloga de La Arena con el problema del acceso a la vivienda de alquiler. «En Cimavilla es imposible encontrar vivienda, todo va destinado a pisos turísticos,. Las propiedades que compraron en los últimos años van destinadas a usos turísticos y en muchos casos supone la expulsión de vecinos y vecinal del barrio», lamenta Álvarez. «Insistimos en que las políticas tienen que ser transversales: inversión en vivienda pública urgente y en el caso de Cimavilla se debe establecer un plan con las vivienda de Vipasa, algunas de ellas en desuso», añade el presidente vecinal del barrio alto.
La distensión del mercado del alquiler tiene resultados empíricos en otras latitudes españolas. Así, por ejemplo, el precio de las rentas bajó un 5% entre abril y junio en municipios de Cataluña, los únicos que han sido declarados hasta la fecha zonas de mercado residencial tensionado, Se trata de la misma fórmula intervencionista que el Principado quiere replicar en los barrios gijoneses de La Arena y Cimavilla para mitigar el impacto negativo que tienen allí actualmente sobre el mercado ordinario del alquiler de vivienda la alta presencia de pisos de uso turístico y los alquileres temporales –la mayor parte de ellos estivales y en muchos casos irregulares— y las rentas disparadas muy por encima de la media del resto de la ciudad.
El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU), se reunirá el próximo día 29 con responsables del Ministerio de Vivienda para abordar la problemática de ambos barrios gijoneses y cumplir el mandato plenario gijonés de noviembre de 2023 que, con los votos de la oposición de izquierdas, la abstención del gobierno local y el rechazo de Vox, reclamó al Principado la declaración de estos ámbitos de la ciudad como zonas tensionadas.
Las comunidades autónomas son las competentes para declarar zonas tensionadas, una declaración que trae consigo planes y medidas adicionales, con su correspondiente financiación, este último aspecto es el que se va a tratar en la reunión del día 29 entre Zapico y miembros del equipo de la ministra Isabel Rodríguez (PSOE). Zapico planteará de hecho la elaboración de un programa específico financiado por el Estado para rebajar la tensión turística en ambos barrios cuyas asociaciones de vecinos se muestran «expectantes».
De las 2.400 viviendas de uso turístico legales que hay censadas en Gijón, 396 están en La Arena y 168 en Cimavilla. Para ambos barrios, así como para la zona centro y el barrio del Carmen, con otras 751 VUT legales, el Ayuntamiento estableció el pasado mes de enero una moratoria para evitar conceder nuevas licencias para pisos turísticos.
Contratiempo para una de las obras dotadas con financiación europea más singulares de cuantas se proyectan actualmente en la ciudad. Se trata de la recuperación del refugio antiaéreo de Cimavilla para su conversión es un espacio visitable y un nuevo atractivo turístico en la ciudad. El Ayuntamiento de Gijón tendrá que volver a sacar a licitación el proyecto tras tener que declararse desierta la convocatoria realizada hace unos meses, ya que la única empresa que se presentó a la convocatorio no cumplía con todos los requisitos estipulados. El proyecto salió a contratación por 520.885 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 9 meses. Estos parámetros no se modificarán en la nueva licitación, ya que los ajustes que se harán en los pliego tendrán que ver con las exigencias que hacen a las empresas licitadoras. Desde el gobierno local se asegura que no hay riesgo de pérdida de la financiación europea, ya que el tope para este proyecto es marzo de 2026.
Por otra parte, el Ayuntamiento acaba de adjudicar a la firma Obras Viales e Infraestructuras (Ovinorte= por 623.150 euros (IVA incluido) las obras de intervención en la batería alta de Santa Catalina, que incluirá la construcción de un centro de interpretación. El nuevo espacio museístico se colocará al inicio del entramado militar, cuando termina la senda peatonal que sube al Cerro, y creará un 'efecto búnker' con un local de unos 70 metros cuadrados que tendrá una sala de proyección, una zona de recepción y aseos.
También se ha adjudicado a la empresa Pavitek la mejora del Camino de Santiago hacia el oeste. Todas estas actuaciones forman parte del mismo proyecto financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos.
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