APTA reclama al Principado que «haga los deberes» para evitar la quiebra

Del encuentro celebrado en la mañana de ayer con el equipo municipal salieron «muy contentos» y agradecidos por las «buenas palabras». Couto había aclarado justo antes que la Administración local realizará «todos los esfuerzos» que estén en su mano para poner en marcha cuanto antes un convenio de 189.000 euros a través del cual el Consistorio podrá ocupar a 21 de los 53 afectados por el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) aplicado a la plantilla del centro.

Si el Principado da el visto bueno, el convenio municipal saldrá adelante a la segunda y a través de un proyecto formativo. De este modo, las ayudas llegarán desde el área de Bienestar Social y no de la de Empleo, como había sido la primera intención del Ayuntamiento y la asociación. El Principado consideró entonces que existía una duplicidad de competencias y no dio su autorización. Ahora, reformulado el proyecto, tal y como explicó la edil de Hacienda, Ana Braña, y recopilada toda la documentación, solo queda que la Administración regional le dé luz verde.

La intención de APTA es que pueda ponerse en marcha antes de julio para, al menos, dar ocupación durante un semestre del año a los 21 beneficiarios -irán rotando entre todos los afectados por el expediente de regulación-, a quienes ya se les han acabado todas las prestaciones por desempleo y «están en su casa, cobrando cero euros».

Para ellos, no es la solución idónea. «Preferíamos el proyecto Oca (Otras Capacidades), que les empleaba en tareas para organizaciones sin ánimo de lucro. Esto es una beca de formación, que no tiene ni el mismo impacto ni el mismo efecto en la plantilla», reconocen. De todas formas y llegados a este punto, el convenio «resulta imprescindible para salir adelante».

Así las cosas, todos se mostraron de acuerdo con las declaraciones de Couto: «APTA necesita que las administraciones cumplan. No piden nada que no les corresponda». Si estas están a la altura, amplió, APTA volverá a tener unas cuentas equilibradas y podrá funcionar con recursos propios. En esta misma idea incidieron el presidente de la asociación, Joaquín Fernández, y el administrador, Luis Ángel Simón: «Solo con que el Principado pague lo prometido, podríamos equilibrarnos económicamente».

Por eso, urgen a la Consejería de Empleo a recibirles y a «hacer los deberes». De ella depende no solo que el convenio municipal sea aprobado, sino también que se les abonen las ayudas autonómicas pendientes. Y ambas cuestiones son urgentes. «De lo que correspondía a 2017 no hemos recibido nada y necesitamos que nos paguen para seguir funcionando», afirmaron.

«La plantilla ha realizado unos sacrificios tremendos y su situación económica ha mejorado de forma radical desde la salida de la ONCE. Solo necesitamos que cumplan sus promesas para dar continuidad» al centro de trabajo que, hoy, emplea a 204 personas, 176 de ellas con discapacidad.