La apelación de Sareb impide que el plan de liquidación sea firme

En su recurso de apelación el 'banco malo' expresa su disconformidad por la no inclusión de unas determinadas fincas en el plan de liquidación. También considera que la propuesta recurrida vulnera la legislación tributaria en la repercusión de los gastos y tributos en caso de enajenación o subasta judicial.

El administrador concursal Leopoldo López Máñez estima que la Audiencia Provincial burgalesa tardará en resolver sobre esta apelación entre tres y cuatro meses. Ese es el tiempo que también puede transcurrir para que su propuesta de enajenación de bienes adquiera firmeza jurídica. No obstante, pese a estar abierto a escuchar y recibir ofertas desde el pasado octubre, reconoce que el único que ha trasladado hasta ahora un interés firme en hacerse con los terrenos es el Ayuntamiento de Gijón. Sin embargo, no piensa competir con ofertas superiores a la suya de 5 millones que puedan llegar en los próximos meses.

De inversores privados no se sabe nada más allá de la firma vasca que depositó el aval de 93.000 euros que permitió la aprobación definitiva del PERI-100, que ya ha ofertado a la administración concursal la compra de los terrenos por el precio de su tasación, o el que definitivamente designe el juez asumiendo gastos como el pago de la plusvalía, los recibos del IBI de los dos últimos años y gastos de comunidad si existiesen. Para poder pujar por las fincas de la Ería es requisito inexcusable depositar un anticipo de 200.000 euros que hasta ahora nadie formalizó.

Por otra parte, un acreedor particular, representado por el abogado y economista gijonés Ignacio Blanco Urízar, ha solicitado la declaración de concurso de acreedores culpable. Además, reclama a los antiguos administradores de Astur Promotora más de 40 millones por los perjuicios ocasionados. Su estimación depende ahora de la Fiscalía y del administrador concursal. Este mismo acreedor particular es el que logró que se declarara a la empresa promotora en concurso necesario de acreedores.

El concurso se instó en noviembre de 2016 en los juzgados de Oviedo, pero se trasladó al juzgado de lo Mercantil de Burgos, donde tuvo su última sede la empresa. El 18 de septiembre el juez decretó la disolución de Astur Promotora y su liquidación con un pasivo de 112,93 millones y unos activos valorados en 11,60 millones por López Máñez.