MARCO MENÉNDEZ
GIJÓN.
Viernes, 22 de octubre 2021, 02:11
Lo hizo de una manera comedida, sin entrar en confrontaciones, pero la alcaldesa de Gijón, Ana González, replicó ayer las declaraciones de la ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien había dicho el pasado martes, en un acto sobre la memoria democrática celebrado en ... la ciudad, que «no tiene sentido que se prohíban los toros, es un espectáculo legal», en relación a la determinación de la regidora socialista de no prorrogar el contrato con Circuitos Taurinos para la celebración de la Feria de Begoña. «Le tengo un grandísimo afecto a Carmen Calvo», comenzó diciendo, pero apuntó que «tener admiración y cariño hacia una persona no significa estar de acuerdo con todo lo que dice y lo que piensa. Eso es lo que piensa Carmen Calvo y punto».
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Ana González quiso dejar clara su postura: «Como ella es una gran constitucionalista, estoy segura de que es consciente de que en un equipamiento municipal quien tiene competencias es el Ayuntamiento de Gijón, no otra persona». Por eso, defendió, ante las críticas que se han vertido en las últimas semanas, que el Consistorio «lo que está haciendo es ejercer sus competencias para asignar unos usos determinados o dedicar un equipamiento municipal a unos usos u otros».
Carmen Calvo, que pertenece a la Asociación Taurina Parlamentaria, llegó a decir en su visita a la villa de Jovellanos que «no tiene ningún sentido que espectáculos que son legales y forman parte de la historia de este país se tengan que suprimir de esta manera». «Esa no es la fórmula», insistió.
La Asociación Taurina Parlamentaria, a la que pertenece Carmen Calvo, presentó una denuncia contra la alcaldesa a finales de agosto por su decisión de no prorrogar la concesión de la plaza de toros y anunciar que no sacará la feria a concurso. La denuncia, presentada ante el Ministerio de Cultura y el Principado, se basa en que la decisión «cercena la libertad de profesionales y aficionados para participar y disfrutar» del «patrimonio cultural» de la tauromaquia» y en que «es ilegal».
El último paso en esta polémica lo dio Carlos Zúñiga, responsable de la empresa Circuitos Taurinos, pues ha pedido al recusación de la alcaldesa en la tramitación para la concesión, o no, de la prórroga del contrato de la plaza de toros, tal y como ayer publicó EL COMERCIO.
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La tesis del empresario se basa en que la alcaldesa tiene «interés personal» en la no concesión de la prórroga, así como su «enemistad manifiesta» con el propio Zúñiga. Además, Circuitos Taurinos apunta que «no se ha incumplido ninguna ley, ni tan siquiera disposiciones reglamentarias. Al contrario, los reglamentos han sido escrupulosamente cumplidos».
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