La ampliación de La Reguerona estará a mediados de 2022 y costará 15 millones

En 1991, la UE aprobó una directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas que Gijón, como otras ciudades, incumple ampliamente. En julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE vio agotada su paciencia y condenó a España a pagar por los casos más flagrantes. Le impuso una sanción de 22 millones y otra de casi 11 que se vuelve a pasar cada semestre y solo iría reduciéndose conforme se pongan en marcha las nueve depuradoras objeto de pleito. La que debe limpiar las aguas de la zona este de Gijón, levantada junto a la urbanización de El Pisón, es la gran protagonista. Sin ella se vierte al Cantábrico un volumen de agua sucia equivalente al que generarían 161.800 vecinos, lo que supone el 37% de ese expediente.

Aquella fue una primera condena a la que pueden seguir otras. La Comisión Europea tiene en el punto de mira más aglomeraciones que incumplen, entre las que se encuentra la zona este por un error de planificación. A pesar de que la directiva marco es de 1991, el Gobierno de la nación inauguró en 2005 la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La Reguerona, con unos equipos que no limpian el agua tanto como requiere la normativa comunitaria.

Para evitar que Bruselas imponga nuevas multas por esa situación, el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de adjudicar la redacción del proyecto de mejoras y la ejecución de las obras a la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Copasa, OCA y Pesa. De los nueve aspirantes, es el que obtuvo la mejor puntuación en el examen técnico y económico. Los trabajos se licitaron por 18,9 millones (IVA incluido) y asumirán la tarea por 15,1, lo que supone una rebaja del 20,1%.

El acta confía que con la formalización del contrato y la preparación del encargo, al final la primera certificación no la pasen las empresas hasta 2021. El objetivo es ir rápido, invertir 10,2 millones el próximo curso y 4,8 más el siguiente para que a mediados de 2022 La Reguerona disponga de los equipos de depuración que reclama la UE.

El error de diseño se remonta a los años 90. El entonces Ministerio de Medio Ambiente encargó a la Universidad de Oviedo trabajos sobre el Cantábrico que le permitieran determinar si había que considerarlo como una «zona menos sensible» o una «zona normal» de vertido. A cada categoría corresponde un nivel de limpieza de las aguas distinto.

La administración central concluyó que frente a la zona este, el Cantábrico se podía entender «como un gran reactor biológico en el que la contaminación orgánica puede ser perfectamente asimilada sin menoscabo de la calidad general del medio». Por eso aprobó en 1999 un proyecto para La Reguerona que reducía las prestaciones. La normativa facultaba al Gobierno central y al autonómico a clasificar esas aguas de vertido, algo que aprovechó el Principado para negar la mayor. Dijo que en aplicación de la directiva, las aguas frente a la ciudad son «zona normal» y había que depurar más. Pese al aviso se optó por seguir adelante con el proyecto mermado y dejar para el futuro las obras de mejora que ahora se lanzan.

No es la única actuación en ciernes. La junta de gobierno local, en su reunión de ayer, adjudicó la ampliación de la acera de la calle Bélgica frente a la residencia Mixta, para que en vez de un metro de ancho tenga tres. La obra requiere dos meses y la hará Alvargonzález Contratas, empresa que asume también la renovación de las aceras traseras del barrio de pescadores. Por ambos facturará 163.672 euros.