Adiós a la jueza feminista

Dejó su última labor de punto sin acabar, muchas conversaciones pendientes e incontables proyectos en mente. La muerte ayer de la magistrada Rosario Fernández Hevia causó una enorme conmoción en el movimiento feminista, ese con el que estuvo involucrada y comprometida de forma activa a lo largo de toda su vida. Falleció en Valencia, adonde se había trasladado en 2015, debido a una complicación en la enfermedad pulmonar que sufría desde hacía años y que ya le había apartado de los juzgados en varias ocasiones. Pero ningún bache de salud le había hecho colgar la toga y mucho menos sus firmes ideales.

«Sabíamos que estaba delicada de salud, pero en ningún momento creíamos que el desenlace iba a ser este, ha sido una conmoción», lamentaba Begoña Piñero, presidenta de la Tertulia Les Comadres, muy afectada por la muerte de su amiga y «compañera de batallas». Define a Charo -así la llamaba su entorno- como una mujer «tremendamente comprometida con la causa del feminismo, fue abriendo brecha en una época en la que no era fácil para una jueza pronunciarse públicamente sobre estos temas». De hecho, considera, «ser feminista le perjudicó muchísimo en su carrera en la judicatura».

En 1999, siendo decana de los jueces de Gijón, libró su particular cruzada contra los fiscales, a los que criticó abiertamente su supuesta inacción en lo relativo a los casos de violencia sobre la mujer. Apenas dos años después de la polémica con el ministerio público, sus compañeros le dieron la espalda. Doce de los diecisiete jueces del partido judicial de Gijón firmaron para reprobarla de su cargo como jueza decana. Se volvió a presentar a las siguientes elecciones y solo obtuvo un voto, el suyo.

Nacida en Mieres en 1957, en su infancia se trasladó a Gijón con su familia. Estudió en el instituto Calderón de la Barca y desde muy joven tuvo claro que quería ser jueza para «luchar desde dentro contra lo que consideraba injusticias». Se licenció en Derecho y en 1986 aprobó las oposiciones. Pasó por distintos destinos en Ponferrada, Langreo y Madrid antes de regresar a Gijón. Estuvo al frente del juzgado de lo Penal número 2 durante 23 años. Entre sus resoluciones más sonadas estuvo la orden de alejamiento impuesta en 2008 a una pareja que planeaba casarse a los diez días. La víctima fue asistida en la calle por la Policía cuando el hombre la estaba agrediendo. Ella prefirió no interponer denuncia y continuar con sus planes de boda, un extremo que Charo Hevia evitó.

Su última sentencia en los juzgados gijoneses fue la del procedimiento penal por fraude contra los responsables de Mina La Camocha. Condenó a nueve años de prisión y al pago de más de 16 millones de euros de multa a los cinco acusados. El juicio fue luego anulado «por falta de imparcialidad de la jueza». Se volvió a repetir, pero ella ya había puesto distancia al pedir el traslado para incorporarse a un juzgado de lo Penal de Valencia.

«Para mí, Charo fue una mujer muy valiente dentro de una profesión muy masculinizada en aquellos momentos, por su feminismo se enfrentó a jueces y fiscales por su actitud y su 'inacción' en los casos de violencia de género, a partir de su denuncia tuvo multitud de problemas en su profesión y continuó defendiendo su postura y siendo en ese momento el empuje que necesitábamos para que los operadores jurídicos iniciarán un cambio de actitud ante estos delitos contra las mujeres. Su lucha la recordaremos siempre», dice Mariti Pereria, presidenta del Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Malos Tratos (Cavasym).

En 2001, recibió la distinción de Comadre de Oro por su compromiso con los derechos de las mujeres. Ni las críticas procedentes de sus compañeros de profesión ni los expedientes del Consejo General del Poder Judicial le arredraron en su lucha y sus principios.