El empresario acusado de defraudar a la Hacienda Pública reconoció este miércoles los cargos que pesaban sobre él y aceptó una condena de un año y medio de prisión, a lo que se suma el abono de los 140.000 euros que dejó de abonar al Estado por los honorarios percibidos como asesor jurídico de Venezuela.
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La fiscalía redujo la petición de los dos años iniciales al año y medio. El acuerdo entre las partes evitó la celebración del juicio, previsto en el Penal 3 de Gijon.
Según la fiscalía, «el acusado era socio único en 2010 de una sociedad panameña que se había creado para prestar asesoramiento jurídico a la Procuradoría General de la República Bolivariana de Venezuela, por el que cobró una serie de facturas que se ingresaron en dos cuentas que la entidad tenía en Zurich». Desde una de estas cuentas, en Suiza, el acusado recibió 512.000 euros mediante trasferencias a su favor de la sociedad a dos cuentas suyas, una de su titularidad exclusiva mientras que en la otra figuraba como cotitular un compañero de despacho, si bien este último nada tuvo que ver, según la versión fiscal. Los 512.000 euros que el acusado recibió en 2012 lo fueron en concepto de dividendos como único socio de la entidad panameña.
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