60 euros por 'vivir' en un trastero

«Un trastero es un almacén, así está catalogado y no puede usarse ni alquilarse como vivienda bajo ningún concepto», advierte con rotundidad el presidente del Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Asturias, Antonio Vega. Sin embargo, tras las puertas de algunos guardamuebles se ocultan auténticos dramas derivados de dificultades económicas, exclusión social, soledad y, en ocasiones, enfermedad mental. Los alquileres de entre 50 y 60 euros mensuales se presentan entonces como una opción desesperada para no acabar en la calle.

El hallazgo del cadáver de un octogenario en un trastero de la calle Julio, en El Llano, pone de manifiesto que en Gijón hay personas que utilizan estos espacios para pernoctar y para vivir. La autopsia ha confirmado que el hombre, de 80 años, falleció por causas naturales varios días antes de que el fuerte olor que salía del guardamuebles alertase de que algo ocurría en su interior y se localizase allí su cuerpo sin vida el pasado lunes. El hecho conmocionó al barrio gijonés. Algunos vecinos de la zona aseguraron que el fallecido vivía solo en el trastero desde el 11 de noviembre, después de que supuestamente hubiese sido expulsado de su vivienda tras el fallecimiento de su mujer. Un hecho que el propietario aseguró desconocer en el momento de la firma del contrato de alquiler.

Esta «dramática situación» constata «el fracaso de las políticas sociales y de vivienda del Gobierno regional», considera Antonio Vega. «El hecho de que haya personas que viven en trasteros significa que no tienen una vivienda digna ni un lugar de acogida donde dormir y que no se les está ofreciendo la cobertura social necesaria por parte de la Administración», reflexiona.

Desde API Asturias se observa una incidencia «mínima» de estos casos que se dan «en ocasiones muy aisladas». No obstante, advierten del riesgo que supone tanto para las personas que viven en los traseros como para el propio edificio. «Estamos hablando de espacios que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y en los que cualquier accidente puede provocar una desgracia», señala.

En cuanto a la responsabilidad del arrendador del trastero en estos casos, Vega destaca «la claridad de la ley general, amparada por las leyes autonómicas», respecto a la función de estos espacios. «Me cuesta pensar que alguien alquile trasteros como vivienda, pero si es así está cometiendo una falta muy grave, sancionable a todas luces y que puede llegar incluso a la vía penal», recalca.

Para intentar evitar que alguien utilice el trastero como vivienda los agentes de la propiedad inmobiliaria recomiendan «dejar bien claro en el contrato de alquiler que es un almacén y que bajo ningún concepto puede usarse como vivienda ni para un uso distinto al de almacenamiento». De este modo, además, «se evita cualquier tipo de responsabilidades futuras que puedan derivarse del uso o del mal uso de ese elemento inmueble».

De todas formas, Vega considera que los arrendadores «no son policías» y no pueden vigilar constantemente qué hacen los arrendatarios en los almacenes. «En el momento en que se firma el contrato de alquiler pasan a ser espacios privados», recuerda. En caso de producirse esta situación, Vega recomienda «acudir a la Policía o al Juzgado de Guardia y denunciar la situación lo antes posible, solo el juez puede dar orden para intervenir el trastero».