Más de 2.100 palmeras en peligro

El mayor palmeral de Asturias se encuentra en Gijón, si el picudo rojo no extermina las miles de palmeras que quedan en pie de aquí a verano. Estaremos hablando de una catástrofe patrimonial si este asunto no se toma en serio, al igual que están haciendo desde hace 30 años otras comunidades afectadas. El picudo rojo llegó a la península en la década de 1990 y atacó duramente al sureste español, sin discernir entre jardines privados y espacios verdes de titularidad municipal, por lo que el trabajo conjunto entre propietarios de palmeras y administraciones no puede tener más dilación. En 2005 se remató la faena con la introducción de palmeras en Almería procedentes de Egipto, para los Juegos del Mediterráneo, sin haber pasado una necesaria cuarentena.

La dejadez de los responsables en materia de Medioambiente del Ayuntamiento de Gijón y de la Consejería del Medio Rural del Principado ha propiciado que esta plaga pueda causar estragos. Esta inacción ha dado como resultado la esquilmación de todas las unidades del parque de Las Palmeras, en Contrueces. El catálogo urbanístico ha definido como arbolado singular a las palmeras, cuyo nivel de protección «pretende su mantenimiento, conservación y mejora, realizando los trabajos precisos para garantizar un adecuado estado vegetativo del ejemplar». A la vista está que desde 2019 no hubo ningún trabajo de prevención y tratamiento de la plaga.

El picudo afecta sobre todo a las palmeras canarias y datileras que hay casi en cada jardín histórico. El tratamiento ronda los 200 euros por ejemplar, lo cual es demasiado costoso para un particular, y este puede consistir en inyecciones de emamectina (endoterapia), o en la suelta de nemátodos que se comen las larvas. La primera opción puede ser preventiva y de duración anual, y la segunda es solo cuando hay nido de picudos.

«En 2015 se avistó por primera vez el picudo rojo en Castropol» proveniente de Galicia, donde fue mortífero en 2013, y «debido, seguramente, al clima benévolo de los dos últimos años se ha propagado», indica Fernando Hortelano. Este reputado ingeniero agrícola y paisajista expone que el «Principado, en su resolución del 8 de febrero del 2018, declaró al picudo rojo como plaga, según la consideración de la Unión Europea». Para ello se elaboró un censo de palmeras.

El problema llegó en 2019, cuando «la Unión Europea dejó de considerar al picudo rojo como plaga» y «las administraciones ya no tenían la obligación de prevenir», salvoconducto que aprovecharon las administraciones para abandonar las actuaciones de control. El Principado «podría haber aprovechado el Real Decreto 739/21, que autorizaba a las comunidades a solicitar al Ministerio de Agricultura la aplicación de medidas preventivas para aquella plaga que ocasionase un grave impacto aunque no estuviese en la normativa comunitaria», aqueja el especialista Fernando Hortelano. En Gijón, ahora mismo, campa a sus anchas por todas las parroquias y es especialmente visible en Somió, Leorio, La Pedrera, Jove, Cabueñes, Deva, Granda y Castiello. La alarma fue dada el 27 de octubre por vecinos de la calle Pintor Carreño Miranda, como Blanca Menéndez, cuando una palmera canaria centenaria estaba desmochada.

«Debajo de mi casa hay cuatro y desde hace 40 años las podaban cada año y estaban perfectas, pero desde hace tres años no les hacen nada», lamenta. Se escudan en que tratarlas se queda fuera del marco legal y la solución es talarlas cuando no es cierto.

Indica Javier Sitges, el titular de Villa María, en Somió, uno de los jardines históricos con un nivel de protección integral, que «el primer sitio donde lo vi fue en Baleares hace siete u ocho años; la mía de Ibiza murió en menos de 15 días» y ahora tiene una levemente afectada junto a otras dos que corren peligro. Sus vecinos de la quinta Bertrand tienen otro ejemplar dañado, al igual que enfrente del Mc Auto y también en la finca Las Palmeras hay una en mal estado. En el colegio Montessori, en Mareo, tienen una palmera centenaria insalvable.

Alberto Moreno, de la empresa Terapia Verde, ha intervenido en los mejores jardines privados españoles y ha hecho una estimación sobre la existencia de 600 palmeras entre Jove y Somió, y 1.500 solamente en Somió. Es decir, estamos hablando de más de 2.100 palmeras que si una está infectada puede contagiar a otra situada en un radio de 100 metros.

Por su parte, Iñaki García Uriarte, responsable de tratamientos fitosanitarios de Rentokil Initial, alerta de que «hay provincias que prácticamente ya no tienen meses libres de picudo». Recuerda este experto que la época de afección de este insecto, que es cuando se reproduce, copula y cuando están las larvas y los adultos funcionando, es en los meses más templados y en verano. «Seguramente el cambio climático le esté ayudando a tener más generaciones y a que la afectación sea mayor».

Otros peligros

Otra voz autorizada es la de Juan Gómez, a quien se recurrió esta semana para la poda de las palmeras canarias del jardín francés de Peñafrancia. Es consciente de lo abultado del presupuesto tan solo para la poda y que no basta para frenar el avance del picudo, pero lo cierto es que cuanto más limpias y saneadas estén, mejor, para que la putrefacción no llame al picudo rojo. «Carmen me llamó en verano y le dije que no, que teníamos que esperar para evitar el vuelo del picudo rojo y de la paysaindisia, que es una mariposa que se está cargando las Trachycarpus y también las Phoenix».

También ahonda con énfasis y gran preocupación que este problema es cosa de todos y que la motosierra no es la solución, ya que «el peligro del picudo no es que mate una palmera; esa palmera talada es un nido de larvas que volarán cuando sean adultas y se irán a otra palmera. Por ello, la Administración tiene que poner cartas en el asunto y que no te obliguen solamente a talarla porque es muy caro, es un trabajo muy duro y esa madera no arde, hay que llevarla a hornos o enterrarlas». «Si no te ayudan tienes una desgracia por tener una palmera afectada, ya que esa va a contaminar al resto y hay que deshacerse de ella, y eso cuesta mucho dinero. Para un particular puede costar entre 5.000 y 6.000 euros», advierte.