Los ingresos mínimos garantizados por la renta social de Gijón se elevan de 532 a 665 euros

El gobierno municipal presentó ayer a los grupos de la oposición la que podría ser su propuesta definitiva de bases para la puesta en marcha de la nueva renta social municipal. Después de haber entregado el lunes a los concejales una versión que recogía ya algunas de las exigencias de Xixón Sí Puede e IU, en el último momento Foro ha incluido nuevos cambios en el documento. En concreto en la tabla que fija los ingresos mínimos que se pretende garantizar a través de este programa. Tan solo falta por definir ahora el catálogo de productos y servicios a los que podrán dedicarse las ayudas finalistas, esto es, las concebidas para complementar los ingresos de los perceptores del salario social básico del Principado u otras prestaciones públicas. El lunes se celebrará una nueva reunión en la que, además, se pretende fijar el calendario para completar la activación de este programa. Las bases aún deben recibir el visto bueno de la junta rectora de la Fundación de Servicios Sociales.

De acuerdo con el texto que está ahora mismo sobre la mesa, para poder acceder a la renta social una persona que viva sola debe tener unos ingresos inferiores a los 665,64 euros al mes, frente a los 532,5 que se planteaban originalmente. Y precisamente 665,64 será el objetivo a alcanzar a través de la nueva ayuda. Es decir, alguien con un salario de 450 euros recibiría del Ayuntamiento 215,64 euros al mes y quien ingrese 350 tendría derecho a 315,64. Aunque inicialmente se habían fijado como ayuda máxima 250 euros al mes, el tope fue suprimido a petición de Xixón Sí Puede e IU.

Para el resto de hogares las cuantías son las ya conocidas, al menos en términos generales. Cuando consten de dos miembros, el objetivo será alcanzar también unos ingresos de 666,64 euros, si son de tres la cifra se eleva a 832,05 y para cuatro o más miembros a 1.065,02. No obstante, en el caso de familias con niños estos límites se revisarán al alza, a razón de 53,25 euros por cada menor de 14 años. Por ejemplo, a una madre que viva sola con un hijo por debajo de esa edad se le ayudará en la cuantía necesaria para que alcance los 718,89 euros; si tiene dos hijos pero uno supera esa edad, podrá optar a un máximo de 885,3 euros; y si ambos son menores de 14 se le garantizarán ingresos hasta los 938,05 euros.

Pendientes de la gestión

La concejala Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede, se mostró satisfecha con algunos de los cambios realizados, como la supresión del tope de los 250 euros, la rebaja de la edad mínima de acceso de los 23 a los 18 años o la flexibilización de las condiciones de empadronamiento para algunos colectivos. No obstante, recuerda que no se han aceptado otras peticiones de su grupo, como por ejemplo que en el cálculo de los ingresos de las familias no computen las becas de comedor y las ayudas al alquiler. «Nos gustaría haber avanzado bastante más, pero se abre una puerta muy importante. Hacemos una valoración positiva, con prudencia. Ahora la responsabilidad es del equipo de gobierno, ya que son sus bases y su gestión», añadió.

En un sentido similar se manifestó Ana Castaño, de IU. «Esta ayuda es mejor que lo que tenemos, y las bases han mejorado en relación al proyecto inicial. Ahora lo importante es que se lleve a la práctica y que las ayudas lleguen a los destinatarios, porque tenemos dudas de la eficacia del gobierno para trasladar a la práctica lo que pone en el papel. Es necesaria una buena campaña de difusión y sobre todo que se explique bien el programa para no generar expectativas que no vayan a ser reales».

El socialista César González reclamó más información sobre «cuál es la demanda real que pueden tener estas ayudas» y mostró dudas sobre el sistema de pago que se plantea para las ayudas finalistas, pues para la adquisición de productos en los comercios obliga a los beneficiarios a presentarse como perceptores de estas ayudas. «Deberían poder usar una tarjeta de prepago similar a las de crédito, para preservar su privacidad». Y José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, reiteró sus dudas sobre la viabilidad económica del programa y su compatibilidad con el salario social del Principado.

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