Couto: «Hacienda no debe tratar igual a los ayuntamientos que cumplimos y a los que no»

Que deje de penalizarse la libertad de acción de aquellos ayuntamientos «que tienen su capacidad financiera saneada». Es la principal conclusión del encuentro de ciudades celebrado ayer en Madrid para debatir sobre el techo de gasto y en el que participaron representantes de trece de los principales ayuntamientos del país. La cita, promovida por el Consistorio de la capital, tenía como objetivo crear un frente común para pedir al Ministerio de Hacienda que adapte los requisitos de estabilidad presupuestaria que se exigen a las entidades locales a «la nueva situación» de sus cuentas, muy diferente al que existía en 2012. La reunión estuvo presidida por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Como anfitrión, el Ayuntamiento madrileño contó con un representante de cada grupo municipal, entre ellos la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre. También acudieron los regidores de Valencia, Joan Ribó; Zaragoza, Pedro Santisteve; Valladolid, Óscar Puente; y Las Palmas, Augusto Hidalgo, y representantes de los ayuntamientos de Barcelona, Sevilla, Bilbao, Murcia, Hospitalet de Llobregat y los cabildos insulares de Tenerife y Mallorca. Por Gijón, único ayuntamiento asturiano presente, acudieron la concejala Ana Braña y, dado el carácter político y técnico de la cita, el director general económico-financiero, Ignacio Sanz, y la interventora, Belén Grana.

A lo largo de la sesión, varios asistentes expusieron sus puntos de vista sobre los cambios que deben hacerse para evitar los problemas que están ocasionando en la gestión de los ayuntamientos medidas como la regla de gasto o las restricciones en el uso de los remanentes presupuestarios. Con respecto al primer asunto, uno de los principales asuntos de debate fue el método que debe aplicarse para calcular ese techo de gasto. Actualmente ese tope se fija tomando como referencia el gasto real de cada ayuntamiento en el último año, incrementado en un porcentaje equivalente a la tasa de crecimiento a medio plazo del Producto Interior Bruto (PIB). En 2017, por ejemplo, se permite a los consistorios gastar un 2,2% más que lo gastado en 2016. Esta fórmula, no obstante, penaliza situaciones en las que, como consecuencia de una prórroga, por ahorros o por ajustes, el gasto se reduce en un determinado ejercicio. En los años sucesivos, al tomar ese dato como referencia, habrá una mayor limitación aunque el Consistorio cuente con recursos.

En un documento de trabajo entregado como base para la reunión, el Ayuntamiento de Madrid defendía que la actualización del techo de gasto se haga sobre el límite que se hubiera fijado para el año anterior, «con independencia del gasto real». En la reunión de ayer, sin embargo, otros consistorios, entre ellos los de Gijón, Valencia y Valladolid, se mostraron más de acuerdo con la propuesta que hizo Bilbao para que el dato que se tome como referencia sea el presupuesto definitivo del año anterior, también con independencia del gasto ejecutado. Otros representantes municipales fueron más lejos y plantearon directamente la supresión de la regla de gasto. Sí hubo amplia coincidencia en la necesidad de contar con un instrumento jurídico que aclare qué gastos computan y cuáles no para calcular si se cumple o no con la regla, porque actualmente en algunos puntos existe una ambigüedad «que genera inseguridad». El año pasado, por ejemplo, Gijón pensó que había superado su tope al incluir unas partidas que no debían tenerse en cuenta para ese cálculo.

Inversiones sostenibles

En lo que respecta a los remanentes, esto es, el dinero que cada ayuntamiento deja sin gastar al cierre de cada ejercicio, la norma actual solo permite dedicarlo al año siguiente a la amortización de deuda o a las denominadas 'inversiones financieramente sostenibles'. Una de las propuestas que se hizo ayer fue modificar la definición de este último concepto, para ampliar el abanico de actuaciones permitidas. Ahora, por ejemplo, solo se aceptan obras que se puedan ejecutar dentro del ejercicio presupuestario en el que se aprueban, es decir, que deben durar pocos meses. Tampoco se pueden dedicar los remanentes a la adquisición de terrenos o a nuevas inversiones, ni usarlos para transferencias de capital a las empresas municipales, aunque sea para inversiones.

A partir de las diferentes aportaciones se elaborará un documento conjunto en el que constará el deseo común de que estas restricciones no se apliquen a las ciudades que cumplen los requisitos de déficit, deuda y pago a proveedores que marca la ley. «No pueden seguir tratando a los ayuntamientos cumplidores igual que a los que no lo hacen. Si tenemos recursos, deben permitirnos invertir y generar riqueza. Para que los ciudadanos perciban que administrar bien es algo positivo y no una fuente de problemas», pidió ayer el portavoz municipal, Fernando Couto.

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