«Prefiero ver a mi hijo en Sograndio que como está: drogado en la calle»

«Parece que esperan a que mi hijo cumpla 18 años para librarse de un problema. Acudí a la Administración en busca de ayuda y ya no sé qué hacer». Ana (nombre ficticio) repite, casi clónicamente, el testimonio de la gijonesa que acudió a EL COMERCIO para criticar la falta de protección que el Principado da a su hija.

Si María (también ficticio) contaba que cedió en diciembre la custodia de su hija a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales por los problemas de conducta y adicciones de la adolescente, Ana lo hizo en enero «porque mi hijo me agrede y tiene graves problemas de drogas».

Si María mostraba su disgusto porque la respuesta del Principado ha sido ingresar a su hija en la Unidad de Primera Acogida (UPA) que tiene en el Fundoma «de la que se fuga a diario, para beber y drogarse», Ana narra desolada que su hijo «estuvo desaparecido nueve días de la UPA y nadie le buscó. Cuando apareció estaba en unas condiciones lamentables. Le habían puesto una pistola en la cabeza».

Una situación en la que, al igual que María, Ana no creyó verse inmersa nunca. Porque hasta que él pasó del colegio al instituto no hubo ningún problema en la relación materno filial. «Siempre fue un niño con carácter, pero de buen comportamiento, cariñoso con sus abuelos, con su tía... Un niño normal». Pero con la adolescencia llegaron «las malas compañías y el consumo de drogas». Y los insultos y gritos a la madre. Y las agresiones. «Hasta que no pude más y un policía me recomendó denunciarle. 'Es por su bien', me dijo».

Fue en 2015, cuando su hijo tenía 16 años. La Policía llegó a recomendar una orden de protección para la madre. El fiscal de menores le condenó a cumplir cuatro meses de terapia en Trama, la entidad especializada en menores conflictivos. Cuatro meses «que le vinieron muy bien. Dejó de consumir, retomó los estudios y durante un año todo parecía ir bien». Pero en septiembre de 2016 todo cambió. «Se fugó de casa y, aunque localicé dónde estaba y se lo dije a la Policía, decían que no podían hacer nada». En diciembre, apareció por casa y agredió a la madre. «La Policía lo llevó a la UPA».

Y allí las cosas no mejoraron. «En la UPA están como en un hotel. Consume, trafica, se fuga». Él fue uno de los once menores que se marcharon el mismo día del dispositivo. «Los otros fueron volviendo, pero mi hijo estuvo nueve días desaparecido. Una locura. Ahora tiene deudas y está amenazado. Temo por su vida», asegura.

Tan grave fue la situación que el fiscal de menores decretó su traslado a otro centro. «Son muy amables, pero tampoco tiene horario y le dan 15 euros de paga semanal». Para Ana, lo peor es que quienes amenazan a su hijo «saben dónde está y andan rondando». Ella lo tiene claro: «Prefiero ver a mi hijo en Sograndio (el centro de internamiento juvenil) que como está: drogado en la calle». Sin atención y terapia, la alternativa vital de su hijo es preocupante. «En cuanto cumpla 18 años, lo pondrán en la calle. ¿Qué será de él?».

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