PPLL
Sábado, 17 de septiembre 2016, 01:26
El riesgo de multas millonarias procedentes de la Unión Europea, junto con el del grave impacto medioambiental de los residuos que se expulsan actualmente sin tratar de manera directa al mar, es uno de los argumentos más recurrentes esgrimidos por la Abogacía del Estado en sus recursos para tratar de convencer a los jueces de que dejen al Gobierno usar, aunque sea de manera provisional, la depuradora construida en El Pisón. Una planta que ha costado 36 millones de euros y que con solo activarse podría revertir la actual situación de los vertidos. El Ejecutivo cifra en 200 millones el perjuicio económico de mantener paralizada la EDAR.
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