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N. PRIETO
Viernes, 22 de julio 2016, 01:16
El cese del equipo redactor de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) que está en marcha preocupa más a la oposición que al equipo de gobierno municipal, que achaca el problema a «diferencias de criterio» internas entre personas de la UTE adjudicataria de los trabajos que confía no afecten en nada ni a la tramitación ni a las condiciones del contrato.
«Conocíamos desde hace tiempo que las relaciones entre el responsable de la UTE y sus colaboradores no eran fluidas, sino frías y distantes, y, desde luego, sería deseable que no se hubiera llegado a este punto, pero lo previsto en el contrato se está cumpliendo. Vamos a velar para que siga siendo así, y el responsable de la UTE nos asegura que no habrá retrasos, así que estoy muy tranquilo», manifestó ayer a EL COMERCIO el concejal responsable del área de Urbanismo, Fernando Couto.
Desde el punto de vista jurídico, Couto indicó que no hay motivo alguno para rescindir el contrato porque no se ha producido ningún incumplimiento del mismo y, por lo tanto, no es momento de pensar en hipótesis de futuro sobre qué se hará si se producen retrasos, porque, a su juicio, en estos momentos no es previsible que eso vaya a ocurrir.
El concejal de Urbanismo entiende, pues, que la crisis abierta «no afectará en absoluto» a la revisión del PGO gijonés, porque el contrato suscrito con la UTE Bilbaína de Proyectos SLP y Urbania 2003 sigue plenamente vigente, sin incumplimientos detectados y con el compromiso del responsable de la UTE, Emilio Ariznavarreta, de que todo seguirá adelante con normalidad, mediante una rápida sustitución de los técnicos destituidos por la adjudicataria.
Debate abierto
Para tratar la crisis abierta y buscar soluciones, el coordinador de los profesionales apartados, Víctor García Oviedo, acudió ayer al Ayuntamiento gijonés para intentar reunirse con la alcaldesa. Pero no halló interlocutor político y fue atendido por los técnicos municipales responsables de los asuntos jurídicos y urbanísticos.
La conclusión de García Oviedo es que tal vez el Ayuntamiento aborde el caso de forma intachable desde el punto de vista jurídico (cuestión que podrían tener que acabar decidiendo los tribunales, ya que la judicialización del caso parece inevitable), pero «políticamente es de juzgado de guardia». Entre otras cosas, García Oviedo señaló que adquirió un compromiso con Xixón Sí Puede para someter el proyecto dos veces a información pública, y eso queda ahora en el aire.
Políticamente, los grupos de la oposición critican, al menos, que el equipo de gobierno no haya informado oportunamente del problema. Pero no aprecian solo un defecto de forma, sino que auguran perjuicios de fondo, al menos en lo que a plazos se refiere. Nadie se cree que el cambio no vaya a afectar gravemente, porque por muy competentes que sean los técnicos que se incorporen van a tener que «ponerse al día», en palabras de Aurelio Martín, de IU, con una documentación muy densa y abundante.
La socialista Begoña Fernández dijo ayer que «exigiremos al gobierno que explique cómo afecta esto a la tramitación de la revisión del Plan» y acusó a Couto de «ocultar» el problema durante más de un mes.
David Alonso (Xixón Sí Puede) pidió a Foro que «siente a los actores en torno a una mesa para que este desagradable asunto se solucione», es decir, para evitar los ceses. Pero, en cualquier caso, entiende que se respetará la doble información pública, porque «siempre planteamos como objetivo que la participación ciudadana sea amplia».
El portavoz municipal del PP, Mariano Marín, también anunció ayer una interpelación al concejal de Urbanismo para conocer desde cuándo conoce las desavenencias, la repercusión previsible y las medidas que cabría aplicar si el cambio provoca efectos negativos.
Aurelio Martín dijo que «incertidumbre y retraso» son las palabras que definen la situación, mientras que Ciudadanos hizo pública una carta dirigida a la alcaldesa en la que reclama un informe jurídico y explicaciones sobre lo que cabe esperar
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