El recurso de Foro por las dietas enfrenta a la Asesoría Jurídica con el secretario

El acuerdo plenario para suprimir el pago de dietas a concejales liberados o semiliberados por su asistencia a los consejos de administración de las empresas municipales sigue creando roces en el seno del Ayuntamiento. La decisión se adoptó en noviembre, a iniciativa del PSOE, y contó con el apoyo de todos los grupos salvo Foro, que se opuso.

Ya durante la sesión en la que se votó esta propuesta el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, anunció la intención del gobierno local de recurrir el acuerdo ante los tribunales «porque carece de legalidad incluso desde el principio de distribución de competencias». Él era uno de los directamente afectados por esta medida como consejero y presidente de entidades como EMTUSA, EMA y Emulsa -en abril abandonó sus cargos en estas dos últimas empresas por la carga de trabajo como abogado en el 'caso Renedo'-. Los concejales de Foro hicieron efectivo el recurso pocas semanas después.

El Ayuntamiento se vio entonces en una disyuntiva. Para personarse en el proceso como parte demandada debía designar a un abogado y un procurador, nombramiento que normalmente se resuelve mediante un decreto de Alcaldía. Sin embargo un informe del secretario municipal advirtió del problema jurídico que planteaba que la regidora, como presidenta del Pleno y concejala de Foro, fuera al mismo tiempo demandante y demandada. Según Miguel Ángel de Diego, la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas obligaba a la alcaldesa a abstenerse de intervenir en la designación del procurador y el abogado y delegar esta función en otro edil. Sin embargo lo mismo ocurría si el encargo pasaba a otro concejal de Foro, pues todos ellos firmaban el recurso contra el Pleno.

La salida que ofreció De Diego a lo que consideraba «un caso de laboratorio» fue que la delegación se hiciera en un edil de la oposición. Así, el 11 de febrero Moriyón aprobó una resolución en la que atribuía a la concejala socialista Marina Pineda «la competencia específica para adoptar el acuerdo de personamiento» en la causa y «para la designación de procurador y abogado». La edil del PSOE hizo uso inmediato de estas atribuciones, aprobando ese mismo día la resolución para que el Ayuntamiento defendiera sus intereses frente al recurso presentado por Foro.

Marina Pineda

La resolución firmada por Pineda obtuvo como respuesta un informe del jefe de la Asesoría Jurídica municipal, dirigido al propio De Diego, en el que pone en cuestión el proceder del secretario en este asunto. Abelardo Rodríguez fue quien el 14 de diciembre, en respuesta al oficio remitido desde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, propuso a la Alcaldía «como órgano competente» acordar la personación en la causa y designar a un procurador. «Tal documentación fue retirada del circuito administrativo, al parecer por la Secretaría General, y sustituida por otra resolución en la que la autoridad que la dicta es la concejala de la oposición».

Según su razonamiento, ni Moriyón ni los concejales del equipo de gobierno estaban obligados a abstenerse en la firma de la polémica resolución, pues no existía la incompatibilidad alegada por el secretario. «No existía interés personal de la señora alcaldesa en el asunto sometido a su firma, que más bien perjudicaba a sus intereses» al ser una actuación que iba contra el recurso que ella misma había presentado. Al contrario, con la firma de la resolución Moriyón simplemente estaría atendiendo al «interés institucional que afecta a la Alcaldía como órgano municipal». En este sentido, advierte de que «nunca se debió proponer su abstención» en este asunto. Añade que, en todo caso, Marina Pineda también sería parte interesada como miembro del Pleno.

El informe considera que la solución que planteó el secretario municipal «es irrazonable, desigual y desproporcionada» y señala que «si seguimos por esa senda nos llevará a que en el futuro se plantee la posibilidad de que la aprobación de los sueldos y dietas de los concejales solo pueda ser votada por aquellos que no los perciban. Y por el mismo razonamiento, que solo esos voten también la aprobación del presupuesto, donde se contiene la previsión de sueldos y dietas». Abelardo Rodríguez concluye que lo ocurrido «resulta excepcional y sorprendente, no ya porque no se ajuste a Derecho, sino también por falta de lógica del argumento».