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CHELO TUYA
Sábado, 7 de mayo 2016, 02:50
Una auditoría externa de las cuentas de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), el organismo autónomo que gestiona la red geriátrica pública asturiana. Eso es lo que reclama el Partido Popular. Porque «no nos fiamos de ninguna auditoría de parte. Es impresentable que se incauten los bienes de los mayores para pagar los despilfarros de los socialistas».
Así lo aseguró ayer en Gijón el diputado del PP en la Junta General Matías Rodríguez Feito. El portavoz en materia de Servicios y Derechos Sociales participó en la charla organizada por la Oficina del Defensor del Anciano y la Plataforma de Afectados por el ERA. Una cita en la que también tomaron la palabra los portavoces de ambas entidades, Marcelino Laruelo y Ángel Rodríguez, respectivamente, así como Javier Álvarez Villa, portavoz de Conceyu por otra Función Pública.
Los asistentes buscaban explicaciones a las facturas, de hasta 91.000 euros, que están recibiendo tras el paso de algún familiar por un geriátrico público. «Mi abuela murió en 2009. En 2013 llegó una factura en la que nos reclamaban 58.000 euros. Tras pleitear, hemos logrado bajarla a 52.000. Pero no mi madre y yo no tenemos ese dinero. Vivimos en la casa familiar y yo cobro el salario social. ¿Cómo una Administración pública puede instar que nos desahucien?», dejó escrito un afectado en una carta que leyó Marcelino Laruelo.
Rodríguez Feito también utilizó un caso conocido. «Quiero dar voz a Begoña. Una vecina de Tineo que me ha mandado un mensaje. Su reclamación está ya en Madrid, en el Tribunal Supremo, tras siete años en juicios y más de 10.000 euros gastados en abogados. Le reclama el Principado 52.000 euros. Se siente desamparada porque nunca les habían informado de que generaba deuda. Aunque ahora tiene una tía en situación de dependencia, tiene claro que nunca solicitará para ella plaza en una residencia».
En su opinión, «el Gobierno de Javier Fernández ha acabado con la reputación del ERA». «Todos sabemos los motivos de que funcione mal: mantener a toda esa pila de enchufados», resumió.
Los afectados, a la Junta
De parte de los afectados también se mostró Javier Álvarez Villa. El portavoz de Conceyu por otra Función Pública explicó el funcionamiento del ERA y afirmó que «en la asociación damos todo nuestro apoyo a las familias que reclaman las facturas».
Unas familias que, explicó el portavoz, «estaremos en la Junta el próximo día 23». Según Ángel Rodríguez, participarán en la Comisión de Servicios y Derechos Sociales. Antes, espera poder haber hablado con la consejera. «Le hemos solicitado por escrito una reunión, para que conozca nuestra realidad».
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