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NACHO PRIETO
Viernes, 22 de abril 2016, 03:07
La primera asamblea de socios del Grupo Covadonga presidida por Antonio Corripio rechazó ayer las cuentas de 2015 y el presupuesto para el año en curso que había dejado preparados la anterior junta directiva. El equipo Corripio pidió el voto en contra por apreciar, entre otras cosas, que el balance de situación no incluía el aumento patrimonial derivado de la fusión con el Centro Asturiano, a pesar de que, según indicó el actual tesorero, Joaquín Miranda, al final de 2015 las instalaciones de Mareo y del paseo de Begoña estaban ya registradas a nombre del Grupo. La nueva directiva se comprometió a presentar, en el plazo aproximado de dos meses, unas nuevas cuentas y un nuevo presupuesto, elaborados a la vista de la auditoría externa que ha sacado a licitación para conocer «la situación real de la sociedad». Tras más de una década de tortuoso recorrido, la absorción del Centro Asturiano por el Grupo sigue provocando airado debate y división, pero es sin duda más apreciable en los foros de debate abiertos que en las votaciones y, especialmente, que en la vida diaria de la sociedad polideportiva. No obstante, en la asamblea de ayer quedó patente que hay muchas heridas sin cicatrizar y que hará falta algún tiempo y no sólo unas elecciones para pasar página.
En ese sentido, cabe destacar que el rechazo a las cuentas correspondientes a 2015 decidido ayer se produjo con 222 votos en contra y 69 a favor, mientras que el archivo de los presupuestos contó con 218 apoyos y ya sólo 49 rechazos.
Los presupuestos presentados y rechazados planteaban una subida de cuotas del 0,9%, pero la directiva de Antonio Corripio defiende la congelación de las cuotas, así que cabe esperar que ese planteamiento se trasladará al nuevo presupuesto anunciado para junio.
Entre las intervenciones de ayer cabe destacar una propuesta del socio Mariano de la Puente para que la junta directiva someta a la asamblea la decisión sobre si retira o no el recurso ante el Supremo sobre la sentencia que concede a los antiguos socios del Centro Asturiano de La Habana de Gijón los mismos derechos que a cualquier otro grupista desde el año 2011, o la petición de Gabriel Pérez para que se utilice el seguro de responsabilidad civil que tiene la junta directiva para que el millón de euros que costó el conflicto judicial no salga de la caja del Grupo.
Por otra parte, Alberto Sánchez Rodríguez fue elegido defensor del socio y Julio César Muñiz Rodríguez y Enrique Porto Rodríguez, censores de cuentas.
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