La segunda anulación del congreso del PP agudiza la división del partido en Gijón

Habrá batalla legal. La junta local del PP, reunida de urgencia tras conocerse la segunda sentencia anulatoria de un congreso local, decidió ayer recurrir la decisión del magistrado del juzgado de Primera Instacia número 11 de Gijón, Sergio García. Cree, fundamentalmente, que existe una mala interpretación respecto a la necesidad de los afiliados de estar al corriente de pago para participar en el congreso. Sería necesario, asegura, para votar, pero no para avalar, y se escuda para ello en los estatutos regionales de la formación conservadora.

A la reunión extraordinaria de ayer no faltó nadie. O casi nadie. Porque hubo gente que ni siquiera estuvo citada como Ángeles Fernández-Ahúja, otrora presidenta de una gestora que sostuvo el PP de Gijón durante casi dos años, tras retirar de la primera línea de la formación gijonesa a Pilar Fernández Pardo. El que no faltó fue el hoy diputado regional David González Medina, primer presidente fallido de la «nueva etapa» que la presidenta regional, Mercedes Fernández, quiso poner en marcha con el congreso de octubre de 2014.

Los populares decidieron en aquel momento no presentar recurso de apelación contra la sentencia dictada por el juez Luis Roda, quien entonces habló de la vulneración de los derechos de los afiliados por cuestiones formales. Y no se recurrió para evitar «vacío de poder» y que Gijón quedara «sin dirección y sin organización». Pero entonces, como se hace también ahora, lo que sí se ha defendido es la legalidad de ambos procesos. Ayer le tocó defenderlo al presidente local, el también portavoz municipal Mariano Marín, quien, acompañado por su compañero de grupo y secretario general, Pablo González, explicó a la junta los argumentos jurídicos que, a su juicio, «justifican la interposición de un recurso».

«Único censo existente»

Lo explicaron también después a través de un comunicado en el que, en primer lugar, quisieron dejar claro que la sentencia que anula el congreso «estima solo parcialmente la demanda» presentada por cinco exconcejales críticos. «El partido mantiene que el número de avales necesarios para la participación en el proceso congresual se ha de calcular sin interpretaciones de manera estricta y literal con referencia al número total de afiliados que consta en el censo nacional, único censo existente», añadieron a través de la nota de prensa.

El juez Sergio García se centraba fundamentalmente en dos de los puntos apuntados por los críticos para declarar la «nulidad del proceso electoral». No se da por bueno el requisito exigido a los posibles candidatos al congreso de presentar un mínimo de 500 avales. El partido defendía que el censo era de 3.526 miembros, pero la sentencia consideraba probadas que el censo incluía personas fallecidas (hasta 146) y que no todos los afiliados cumplían con la exigencia de estar al corriente de pago.

«Reforzar la imagen»

De palabra, a los presentes, se informó de que la dirección nacional del PP considera «un sinsentido» esta nueva sentencia. Una valoración similar de Génova a la que emitía para la primera cuando, incluso, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, llegó a anunciar con rotundidad que su partido recurriría aquella resolución judicial. No fue así. A preguntas de EL COMERCIO, desde la dirección nacional del PP se eludió ayer hacer cualquier tipo de declaración, pues «es un asunto que compete al PP de Asturias y a su dirección». Es decir, ponían la pelota en el tejado de Mercedes Fernández, quien ayer también declinó hacer declaraciones. Tampoco se dejó ver la presidenta regional por la sede gijonesa. Aunque quien sí se acercó por allí fue a su marido, Luis Francés.

La reunión de la junta local fue corta. Poco más de media hora. Con pocas intervenciones. La de Mariano Marín y la de algunos que usaron el turno de preguntas. En el trasfondo, preocupación. La primera, la de quienes aún encabezan el partido en la ciudad, Marín y González, fundamentalmente en su faceta de concejales -también estuvo la tercera componente del grupo municipal popular, Sofía Cosmen-. Porque consideran que la propia legitimidad de la dirección es la que otorga el peso al trabajo que los tres llevan desarrollando en el Ayuntamiento de Gijón desde las elecciones de mayo de 2015. Asimismo, fuentes del Partido Popular de Gijón presentes en la reunión aseguran que se entiende como fundamental en este momento «reforzar la imagen» de la formación de cara a sus afiliados. Según afirman, ya empiezan a sentirse voces críticas que, tras esta segunda sentencia, empiezan a cuestionar las decisiones y los procedimientos que emanan de la sede de la calle Álvarez Garaya. «O más bien, de la sede de Manuel Pedregal», afirman en alusión a la sede regional.

Hoy, Mariano Marín ampliará en rueda de prensa los motivos para recurrir la sentencia. Un recurso ante la Audiencia Provincial para el que tienen un plazo de 20 días desde su notificación.