Los exediles críticos piden la dimisión de Mercedes Fernández por «sus amaños»

Los cinco exconcejales del PP que impugnaron el congreso ahora invalidado por los tribunales reclamaron ayer la dimisión de la presidenta regional, Mercedes Fernández, al considerarla responsable de haber «amañado» el cónclave que eligió a Mariano Marín como presidente de la junta local.

Los ex ediles Manuel Pecharroman, María Teresa Menéndez, Francisco Rodríguez, Gabriel Díaz y Raquel Vega emitieron un comunicado en el cual declaran que Fernández «no puede seguir siendo la responsable de dirigir el Partido Popular». «La conducta de Mercedes Fernández deteriora su imagen como responsable político pero sobremanera perjudica gravemente el PP no solo en Gijón sino en toda Asturias», afirman los demandantes.

Los exconcejales remarcan que «con esta sentencia queda claro que se han violado reiteradamente los derechos constitucionales de los afiliados y las leyes que regulan el funcionamiento de los partidos políticos tanto en su organización democrática como en su financiación».

Según destacan, del total de 3.526 afiliados reconocidos por la dirección para fijar en 500 el numero de avales para presentar candidatura, solo 947 tenían al día el pago de las cuotas. «Ésa debería ser la base para calcular los avales, que deberían haber sido 142», señalan.

La resolución judicial de anteayer es la segunda que anula un congreso del PP de Gijón. El último se celebró como consecuencia de haber sido declarado ilegal el anterior, donde fue elegido presidente David González Medina. «Tras la primera anulación del congreso, Mercedes Fernández, lejos de enmendar su comportamiento, decidió premiar con cargos y sueldos a los que colaboraron con ella en los escandalosos amaños», critica el comunicado.

Resaltan que «así, David González Medina fue nombrado diputado autonómico; Luis Venta Cuelli, secretario general del PP de Asturias; Manuel Castillo e Isabel Casielles fueron contratados como asesores del partido en la Junta General del Principado; y Pablo González, concejal de Gijón». También indican que Dorinda García pasó a ser asimismo empleada del grupo popular.

Los demandantes recuerdan que los estatutos del PP «establecen como infracción muy grave atentar contra cualquiera de los derechos de la Constitución y que las dos sentencias reconocen la vulneración de esos derechos». «La citada infracción puede suponer la expulsión del partido y, por tanto, no puede tolerarse que esa forma de actuar quede impune», concluyen los cinco exediles.