Los ecologistas dicen que la actividad en la ampliación de El Musel es ilegal

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies remitió a la Fiscalía de Medio Ambiente un escrito en el que denuncia la irregularidad en la que se podrían encontrar las actividades mercantiles que se desarrollan en terrenos de la ampliación del puerto de El Musel, entre ellas la regasificadora. Ello es debido, según indican, a que la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón suspende las licencias y que se aplica de manera automática el plan de 1999, donde esos terrenos no aparecen. Los ecologistas apuntan que «cualquier uso industrial y actividad mercantil que se desarrolle en ellos está, según la legalidad vigente, en una situación de ilegalidad o de 'fuera de ordenación'».

A todo ello añaden que en 2011 la Audiencia Nacional declaró ilegal la 'Modificación del Plan de utilización de los espacios portuarios del Puerto de Gijón', que entre otras cosas incluía la explanada ganada al mar, de 37.333 metros cuadrados de superficie. Pero apuntan que «ningún planeamiento posterior ha sido aprobado para poder legalizar dicha ampliación y, por tanto, todo lo allí existente está fuera de la ley».

Pero los colectivos conservacionistas van más allá y advierten de la «falsedad» en la que incurre el PGO actualmente a información pública. Según explican, «pretenden colar y clasificar dichos terrenos como urbanos consolidados, cuando debió de tener en cuenta la sentencia de la Audiencia Nacional y calificarlos como suelo no urbanizable de costas y dominio público marítimo». Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora, indicó que «se pretende conseguir una situación de facto de hechos consumados al margen de la evaluación ambiental estratégica que perceptivamente debe tramitarse antes y resolverse para poder admitir unos usos y proyectos como los ejecutados sobre dichos terrenos. Es una tramitación que dura años».

«Usos definidos»

No se comparte esta tesis, en absoluto, en el Puerto de Gijón, desde donde se defiende que, aunque el nuevo plan de usos de espacios portuarios se encuentre en tramitación en Puertos del Estado desde hace dos años, el actual reglamento ampara la legalidad de las actuaciones. Fuentes portuarias explicaron que está vigente el plan de 1999, que ya «esboza» la ampliación del puerto y cuenta con una serie de usos comerciales definidos a desarrollar en esos terrenos.

Además, se apunta que se trata de una obra de interés general del Estado que está amparada por la Ley de Puertos y la planificación industrial, con lo que existe un soporte legal. Además, en cuanto a las actividades comerciales que se realizan en la ampliación, como son las labores de carga y descarga de graneles de Alvargonzález y Bergé, indican que no se trata de concesiones, sino que es un muelle público para albergar esas operaciones.

Por otro lado, tampoco el PGO podría legalizar situación irregular alguna, pues no pueden entrar en terreno portuario, tal y como indica el artículo 56 del texto refundido de la Ley de Puertos, que refleja que «planes generales y demás instrumentos de ordenación urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales ... como sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria...».