Moriyón ve «demoledora» la anulación judicial de la regasificadora y la depuradora

«Es demoledor. No tengo palabras para explicar la situación que estamos viviendo, con dos grandes infraestructuras en esta situación tan penosa». Así se refería la alcaldesa a los varapalos judiciales que en el último mes sufrieron dos de las obras más importantes del municipio: la depuradora de la zona oeste, que tumbó el Tribunal Supremo a principios de febrero al considerar ilegal su proyecto, y la regasificadora de El Musel, que fue declarada ilegal la pasada semana por el mismo órgano judicial.

Carmen Moriyón, que agotó ayer el plazo que le marcaron los vecinos de El Pisón afectados por la depuradora para paralizar los trabajos, volvió a explicar que «el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia para parar ninguna obra que sea considerada como una gran infraestructura». Tal actuación, agregó, le compete al ministerio correspondiente.

Visiblemente contrariada, Moriyón dejó caer la posibilidad de que quienes le pidieron la paralización estuvieran incurriendo en un presunto delito de prevaricación. «Quien pide esto sabe de sobra que no podemos hacerlo. Es decir, se está pidiendo a un ayuntamiento que haga algo a sabiendas de que no lo puede hacer, ¿cómo se llama eso? Dejo ahí la pregunta», declaró.

Requerimiento municipal

El pasado jueves, el abogado que representa a los vecinos de El Pisón, Marcelino Abraira, entregó un requerimiento en el que se indica que la alcaldesa «es responsable por omisión de consentir y permitir» que desde hace más de un mes se esté ejecutando una obra ilegal. El documento instaba a la regidora a que ordenase a la UTE que está realizando las obras de la depuradora su paralización inmediata, así como el precinto de las instalaciones. De no hacerlo en 72 horas, «se presentará contra la alcaldesa querella penal por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa» por omisión.

El Gobierno central, por su parte, en los recursos que presentó a través de la Abogacía del Estado para evitar la paralización de unas obras cuya ejecución costó 36 millones de euros, cifró en más de 200 millones de euros lo que supondría de pérdidas un fallo del Supremo en su contra. También anticipó lo que haría si se desestimaban sus recursos: convocar un nuevo trámite de información pública en el que haría una «profusa motivación» que explique por qué la depuradora se encuentra en el mejor lugar posible. Por su lado, el portavoz socialista, José María Pérez, hizo referencia a la situación de la regasificadora, de la esperó que el Estado «analice cómo tramitarla correctamente».