El Ayuntamiento dice carecer de competencias para parar la obra de la depuradora

«El Ayuntamiento de Carmen Moriyón no tiene competencias en este asunto». Así lo aseguró ayer un portavoz municipal sobre la petición de los vecinos de El Pisón para que sea el equipo de gobierno local quien paralice y precinte la obra de la depuradora después de que los trabajos continúen a pesar de que hay una sentencia en contra. Es más, los vecinos amenazan con querellarse contra la alcaldesa, ya que consideran que está consintiendo una actuación ilegal. Desde el equipo de gobierno se asegura que todo lo relativo con la ejecución de la sentencia compete únicamente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), de la que Isabel García Tejerina es su titular en funciones.

No obstante, el Ayuntamiento de Gijón no deja de lado la posición de fuerza que tratan de adoptar los vecinos de El Pisón para obligar a la paralización de la obra de la depuradora y, según el equipo de gobierno, los servicios jurídicos municipales contestarán a la situación planteada «en tiempo y forma».

Lo cierto es que los vecinos de El Pisón tienen ahora en su punto de mira a la alcaldesa de Gijón, único referente cercano de la Administración pública, después de que la unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC Construcción, Aqualia Infraestructuras y Degremont rechazara recibir un requerimiento notarial y, a su entender, acelerara el ritmo de los trabajos.

Amenaza de querella penal

El caso es que el abogado del colectivo de vecinos afectados por la cercanía de la depuradora a sus viviendas, Marcelino Abraira, presentó en el registro municipal un requerimiento a Carmen Moriyón en el que le recrimina su pasividad ante el fallo firme del Tribunal Supremo que anula la actual ubicación de la depuradora. Es más, piden a la alcaldesa que sea ella quien ordene la paralización de los trabajos y el precinto de la obra, cometidos para los que el Ayuntamiento de Gijón asegura no tener competencias.

Tampoco arredra al equipo de gobierno la amenaza de los vecinos de presentar una querella penal contra la alcaldesa. Muy al contrario, ha puesto a sus servicios jurídicos a trabajar, al tiempo de que recuerda que es el Magrama el que debería tomar cartas en este asunto.

Los vecinos están dispuestos a conseguir la paralización de los trabajos, máxime después de haber ganado el pleito en las más altas instancias. Por ello, el notario Ángel Torres y el letrado Marcelino Abraira recabaron fotografías y vídeos que reflejaban la continuidad de los trabajos de construcción, así como testimonios de los vecinos, que fueron enviados a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para denunciar un posible delito de desobediencia por parte de la UTE.

La depuradora del Este de Gijón se encuentra ejecutada a un 90%, pero el Tribunal Supremo estima que no se ajusta a la legalidad. Se culminó a principios de febrero una batalla de siete años en los que los vecinos de El Pisón ya habían conseguido varias victorias, como la sentencia a favor dictada por la Audiencia Nacional y que fue recurrida por la Administración General de Estado. Y es que para el Supremo, «la declaración del impacto ambiental practicada en el caso carece de motivación suficiente, no reúne la razonabilidad exigible y no responde a un legítimo ejercicio de discrecionalidad técnica, por lo que no puede quedar aquella inmune al control judicial». «No cabe cuestionar ahora en casación la corrección jurídica de la resolución impugnada y su pleno ajuste de derecho».