El PP se enroca y castiga otro año a la flota asturiana con la cuota de xarda

El Partido Popular aplicó el reparto de cuotas de xarda que indigna a la flota asturiana con mayoría absoluta y ha decidido no cambiarla con un Gobierno en funciones, a pesar de los reveses judiciales que la norma ha recibido y que junto a los pescadores del Principado luchan ahora sus compañeros de Galicia, con mayor capacidad de presión, aunque sólo sea cuantitativamente, por dejar al margen colores políticos de la Xunta y del Consejo de Gobierno asturiano.

El sistema de reparto que permite a barcos foráneos pescar xarda todo el año sin llegar a superar el cupo que tienen asignado mientras la cuota apenas da en Asturias para tener los barcos en la mar un par de semanas se mantendrá un año más, según las conclusiones alcanzadas ayer en un encuentro entre responsables de la Administración pesquera de las distintas comunidades autónomas, de representantes del sector y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Las todavía recientes declaraciones de la ministra Isabel García Tejerina en Gijón, donde demostró nula intención de cambiar la polémica norma, salvo que sean los pescadores ahora favorecidos los que le pidan la equidad que Asturias reclama, hacían prever lo peor, aunque el director general de Pesca Marítima de Asturias, Alberto Vizcaíno, calificó ayer la reunión de «decepcionante». Las declaraciones del presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Dimas García, demuestran más ira que decepción, ya que aseguró que siempre que va a Madrid a reuniones como la de ayer vuelve «de mala hostia» y que si el Ministerio tenía claro que un Gobierno provisional no debe negociar los cambios que piden los pescadores de Asturias y Galicia, «vale un fax», en referencia a la pérdida de tiempo que supuso el infructuoso encuentro.

Orígenes

Si el Partido Popular se niega a cambiar los actuales criterios de reparto por la provisionalidad del Gobierno, fue con mayoría absoluta cuando comenzó su aplicación, con el actual eurodiputado Miguel Arias Cañete, como ministro, y Carlos Domínguez, como titular de la Secretaría General de Pesca, hace ahora dos años. Hasta entonces se practicaba con la xarda lo que se ha dado en llamar 'pesca olímpica', es decir: España tenía asignado un cupo y todos los barcos autorizados a faenar en el caladero Cantábrico Noroeste, pertenecieran a la comunidad autónoma a la que pertenecieran (obviamente de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, que son las incluidas en dicho caladero), faenaban libremente hasta agotar ese cupo total.

El cambio a un sistema de cuotas por artes y regiones fue presentado con argumentos poco discutidos. Por ejemplo, la flota de cada región podría ahorrar gastos de desplazamiento hasta aguas de Euskadi, que es por donde entra en el Cantábrico esta especie migratoria, sin riesgo a que la cuota estatal se agotase antes de que los bancos de pescado avanzasen hacia el Occidente; los barcos de menor porte tendrían mayor posibilidad de participar, por la dificultad inherente a desplazarse al encuentro de la especie, y hasta sería posible programar el periodo de capturas, sin provocar la saturación de los mercados derivada de empezar todos a faenar desde el primer día de campaña, lo que habría de repercutir favorablemente en el precio.

El problema llegó a la hora de repartir las cuotas a cada región. Ni distribución equitativa (que perjudicaría a las regiones con mayor número de barcos), ni proporcional a la flota. El Gobierno destapó la caja de los truenos al optar por un criterio basado en las capturas históricas de la especie a lo largo de una década (2002-2011), sin atender siquiera a los datos más recientes y de la misma forma que podría haberlo hecho considerando exclusivamente el último lustro o el último año, es decir, de forma caprichosa. Cuanto más hubiera pescado una comunidad autónoma en un pasado ya muy lejano, mayores derechos de pesca hoy. Hoy, pero también mañana y pasado, ya que el mismo sistema se prorroga de año en año.

Con las cosas así, el Gobierno asturiano presenta cada año una demanda judicial contra un criterio de reparto que claramente perjudica los intereses de la región, pero las sentencias favorables son sistemáticamente recurridas y no producen efecto práctico. Ayer, Alberto Vizcaíno fió la solución del problema a un cambio de Gobierno en el país o a una decisión judicial firme.