Medios y medidas para que no se repita

«Lo veía sufrir tanto que nunca llegué a preguntarle qué había pasado», dijo ayer a EL COMERCIO un amigo y colega de Aníbal Carrillo, capitán del 'Castillo de Salas' cuando embarrancó el pasado 11 de enero de 1986, un avilesino hijo de marino que tenía amplia experiencia a bordo del barco, especialmente como primer oficial.

«Había estado muchas veces ahí fondeado y conocía el barco perfectamente -precisó la misma fuente-, hasta el punto de que acertó al pronosticar por dónde se partiría si no se lograba reflotarlo pronto».

El accidente del 'Castillo de Salas' fue un muy mal trago para su capitán, pero «es como en cualquier otra profesión cuando algo sale mal. Hay compañeros que te linchan y otros que te echan una mano, y Carrillo volvió a mandar barcos y fue un magnífico responsable de la torre de Salvamento Marítimo de Las Palmas», manifestó Rafael Lobeto Lobo, exdirector general de la Marina Mercante asturiano que intervino como mediador para alcanzar un acuerdo entre la compañía armadora, la aseguradora y el Ayuntamiento de Gijón para poner fin a un procedimiento jurídico que amenazaba con convertirse en eterno.

Lobeto no tenía responsabilidad en la Administración Marítima cuando se produjo el accidente, en 1986, pero el asunto todavía no estaba cerrado cuando accedió al cargo, en 1989. «La presión ciudadana por el efecto en la playa era muy grande -dijo ayer Rafael Lobeto a EL COMERCIO-e incluso tres años después tratamos el tema con enorme preocupación. Había un debate sobre qué hacer y si era posible retirar el carbón, pero sólo intentarlo sería supercostoso y sin garantía de éxito. El carbón ya estaba en la mar y no se queda donde se hunde el barco. Recogerlo es imposible, así que se buscó un acuerdo de indemnización».

El Ayuntamiento de Gijón se personó en el caso como acusación particular cuando tuvo lugar el accidente, con José Manuel Palacio como alcalde y representado por el penalista José Joaquín García, si bien el acuerdo se alcanzó cerca de un lustro después, cuando Vicente Álvarez Areces era ya titular de la Alcaldía.

El caso tuvo instrucción judicial, pero no llegó a producirse la vista. Además del Ayuntamiento, CCOO promovió la acción popular a instancia del entonces dirigente Luis Felipe Capellín, por el impacto medioambiental. El letrado Jesús Iglesias, que sería concejal de IU cuando se produjo el acuerdo y desarrolló una larga carrera política en la coalición, fue el encargado de representar a CCOO.

Bloqueó el juzgado

Iglesias recuerda que el caso «bloqueó el Juzgado por su complejidad» y tuvo un final inesperado, ya que la derogación de la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante, a la que la acción popular invocaba, quedó derogada durante la instrucción. Todo ello contribuye, según Iglesias, a que «seguimos sin tener nada claro por qué pasó y si una vez ocurrido se tomaron las decisiones más adecuadas para evitar o reducir los daños».

Por lo que al futuro se refiere, el capitán marítimo de Gijón, Ignacio Fernández Fidalgo, dijo que «aunque nunca se puede asegurar que un accidente no pueda producirse, será difícil que repita un caso como el del 'Castillo de Salas'». ¿Por qué? Los barcos fondean ahora más lejos de la costa y, si llegan con más de 14 metros de calado (el 'Castillo de Salas' calaba 14,5 metros), donde haya una profundidad mínima de 30 metros. Pero es que, además, destaca el capitán marítimo, existen medios técnicos que detectan y alertan si un barco garrea, y los remolcadores del puerto y de Sasemar están preparados para intervenir en caso de emergencia y cabe pensar que daría tiempo a fijar amarre antes de que un barco a la deriva llegue a embarrancar. Hace 30 años no había esos medios.