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Nacho Prieto
Miércoles, 16 de septiembre 2015, 00:12
El Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2012, es decir, con Gobierno presidido por Mariano Rajoy, aprobó un Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal que instaba a la Autoridad Portuaria de Gijón a enajenar su participación mayoritaria en la terminal de graneles de El Musel (EBHI). La Autoridad Portuaria de Gijón, en aquel momento presidida por Emilio Menéndez, hizo pública una nota de prensa en la que asumía la obligación derivada de la decisión gubernamental, pero, en realidad, el compromiso ya había sido pactado con anterioridad, durante el mandato de Fernando Menéndez Rexach en El Musel y la presidencia de Fernando González Laxe en Puertos del Estado, es decir, todavía con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La decisión de privatizar la EBHI fue una de las primeras adoptadas por la Comisión de Seguimiento del Convenio de Normalización Financiera de la Autoridad Portuaria de Gijón (primer rescate económico del puerto forzado por el sobrecoste de la ampliación), que pactaron el ministro José Blanco y el presidente de Asturias Vicente Álvarez Areces.
En la segunda reunión de la citada Comisión, celebrada el 27 de abril de 2010, los representantes de El Musel presentaron una relación de patrimonio enajenable en la que todavía no se incluían el edificio histórico del Muelle ni la Quinta La Vega, de Jove, pero sí figuraban las acciones de EBHISA, los equipamientos que dicha empresa usa y una parcela de 38.848 metros cuadrados de los antiguos astilleros de Naval Gijón que se proponía recalificar para uso residencial.
Esas operaciones de venta, ninguna de las cuales es efectiva al día de la fecha, formaban parte de una serie de medidas encaminadas a conseguir una reducción del endeudamiento de 125 millones de euros antes de 2014, fecha tomada como referencia sin duda por la previsión de que la devolución de créditos por importe de 465 millones de euros (250 del Banco Europeo de Inversiones y 215 del ICO, a través de Puertos del Estado) dispararía los gastos financieros.
En la referida reunión de abril de 2010, se dio prioridad a la venta del patrimonio con mayor valor para obtener, al menos, 45 millones de euros, que saldrían holgadamente de la enajenación de las acciones de EBHI, valoradas entonces en 21 millones; de sus equipamientos, valorados en 20 millones, y de la antigua parcela de Naval Gijón, con un precio estimado de 12 millones.
Nada de eso fructificó y, conforme a lo publicado el pasado sábado por este periódico, El Musel se vio abocado a tener que negociar un segundo rescate, que demore la devolusión del crédito conseguido a través de Puertos del Estado.
Caso «complicadísimo»
Cabe señalar que El Musel estaba pendiente en 2010 de una corrección presupuestaria de la subvención europea por importe de 18 millones de euros, mientras que ahora se encuentra en la tesitura de tener que devolver 198 millones. A esa circunstancia, según se puede leer en publicaciones especializadas, hizo referencia el pasado viernes, en Santander, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca. Fue en el contexto de un 'Encuentro de Derecho Portuario y Marítimo' organizado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en el que Llorca analizó los problemas jurídicos de los puertos y citó específicamente el caso «complicadísimo» de Gijón.
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